Hasta ese momento, la legislación disponía que hubiese un solo director estatal, suponiendo que para reportar al Ejecutivo y transmitir sugerencias o propuestas del Gobierno a la compañía la cantidad de personas que cumplieran ese rol era secundaria.

El decreto con el que comenzó la batalla de los directorios eliminó ese techo con la idea de ejercer del derecho a voto en forma acumulativa. Ese cambio legal dio pie a que el Estado tuviese una representación proporcional a su tenencia, que en el mejor de los casos llegaba a 27%.

Aunque en muchos casos hubo negociaciones amigables, con Siderar se desató un encono especial. La disputa trabó el reparto de dividendos y afectó el plan de inversiones. También creo la imagen de un intervencionismo extremo que profundizó la desconfianza y anticipó el cíclico proceso de salida de capitales de todo año electoral.

A casi 90 días del decreto, nadie ha logrado desentrañar qué pensaba ganar el Estado con la movida, además de un puesto simbólico para sus partidarios más fieles.