Las declaraciones fueron hechas por la autora del proyecto, Amelia Acosta, tras los hechos acontecidos el pasado 4 de abril cuando la jueza junto a dos policías armados, abogados y empresarios que disputan las tierras en sede judicial, se presentaron a realizar una inspección ocultar ingresando a la escuela, y sacando fotografías, según consta en el acta de la directora del establecimiento, Azucena Guerrero de Escalante. Ante los hechos, miembros de la comunidad fueron hasta Orán para plantear la situación a los concejales. Paralelamente, un acta firmada por la directora de la escuela, sostenía cuáles habían sido los hechos del 4 de abril. Desde este medio se hizo las consultas del Poder Judicial que recién fueron respondidas el lunes 8 de abril, escuetamente, mediante un comunicado de prensa.

Fue en esa semana que personas de la finca fueron al Concejo. Frente a los relatos de los campesinos, Acosta sostuvo que se acercó al despacho de la jueza para poder hablar sobre la situación denunciada. Pero ésta no se encontraba o al menos eso fue lo que informaron.

La vara de los "excesos"

Se elevó el proyecto de repudio que los concejales votaron de forma unánime. Pero Posadas consideró que la resolución "incurrió en excesos y a la vez en juicios de valor apresurados sobre la conducta de una magistrada del Poder Judicial".

Los concejales repudiaron que la jueza haya ingresado con los policías, sin explicar nada, intimando a la directora a responder las preguntas. "Podría haberse dirigido a través del Ministerio de Educación como corresponde", sostuvo Acosta.

Otros directores de escuela, por su parte, sostuvieron que si bien no está escrito, en las actuaciones que deben cumplir los directores se encuentra que el personal policial no debe ingresar a una escuela a menos que exista una orden judicial y que provenga de un juez de menores. En este caso, la jueza ingresó en el marco de una inspección ocular por una disputa de tierras, y en horario escolar (antes del mediodía). Posadas, por su parte, consideró no obstante que el repudio de los concejales es una disposición "que no se ajusta al marco institucional responsable que debe regir el funcionamiento del órgano deliberativo". Por ahora, en tanto, hay una denuncia contra el accionar de la jueza que no ha tenido movimiento. Posadas, por su parte, solicitó a Vera que informe sobre lo ocurrido en esta inspección ocular.