Los últimos reportes de los investigadores daban cuenta que la defraudación superaba los $20 millones, sin embargo, todos coincidían en que podía ser mucho mayor cuanto más se profundice el proceso.
Según deslizaron las fuentes, el último informe de Famalink, una empresa que tiene el control de la industria farmacéutica en el país y que es la que lleva el registro de facturación a todas las obras sociales -entre ellas el Pami-, arrojó cifras exorbitantes.
La empresa elevó un informe a la Justicia Federal de Santiago que señala que entre junio del 2015 y febrero del 2016 el conjunto de todas las farmacias locales facturó $100 millones aproximadamente a la obra social de los jubilados.
El dato llamativo -además del monto de la facturación- es que en Santiago el padrón de afilados al Pami insulino dependientes apenas roza las dos mil personas.
Las fuentes señalaron que además de las farmacias en las que se concretaron allanamientos, hay otras que continúan bajo la lupa.
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