En tal sentido, el diputado y dirigente del gremio de los canillitas Omar Plaini, un gremialista muy allegado al titular de la CGT, Hugo Moyano, sostuvo que hay que discutir integralmente el sistema de salud y que una de las primeras cosas que debería replantearse es el régimen de las empresas de medicina prepaga, que en los últimos años recibieron a muchos afiliados que migraron desde el sistema de obras sociales sindicales.

Al mismo tiempo, un proyecto de ley para regular a la medicina prepaga viene avanzando en el Congreso. Paradójicamente, esta iniciativa ha provocado un sinfín de críticas entre los empresarios del sector.

Entre otras cosas, porque un artículo del proyecto propicia que los contratos entre las prepagas y los usuarios no incluyan períodos de carencia o espera para cualquiera de las prestaciones que figuren en el Programa Médico Obligatorio. También contempla que las enfermedades preexistentes no puedan ser utilizadas como criterio para no admitir a un usuario y que el Ministerio de Salud sea el que fije los valores diferenciales que deberán pagar quienes presenten esa clase de enfermedades.

De acuerdo con los empresarios, estas reformas serán de cumplimiento imposible, a menos que se obligue a las compañías a perder dinero, con el consecuente deterioro de las prestaciones en un futuro cercano que podría llegar hasta poner en peligro al propio sistema de salud privado.

Fuentes del sector afirman que, de prosperar el proyecto, que se encuentra en la Cámara de Diputados para su sanción definitiva, podría ocurrir que los servicios tiendan a nivelarse hacia abajo, a fin de disminuir costos. Es que la iniciativa propone que los aumentos de las cuotas de los planes de salud sólo puedan ser aprobadas por la autoridad de aplicación de acuerdo con su propia evaluación de la estructura de costos y su cálculo actuarial de riesgos.

La reforma del régimen de la medicina prepaga, así, se ha transformado en un objetivo más del sindicalismo moyanista, que se suma a su inquietud por una resolución favorable en las causas judiciales sobre medicamentos falsos y a la ampliación de sus espacios de poder, sea por medios de más lugares en las listas de candidatos a diputados nacionales y provinciales, o a través de puestos en los directorios de empresas donde la Anses tiene participación accionaria.