Por decreto 1.488 de fines de 2010, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos elevó en un 25% los límites existentes para las distintas modalidades de contratación establecidas en la ley de Obras Públicas.

Así, a partir de diciembre, se pueden realizar contrataciones directas por hasta 120 mil pesos, cuando el límite estaba fijado anteriormente –por un decreto de 2008- en 90 mil pesos. Del mismo modo, los concursos de precios para contratar obra pública pueden realizarse hasta la suma de 800 mil pesos (el tope anterior estaba fijado en 600 mil); y el nuevo límite a las licitaciones privadas llega hasta la suma de 1.600.000 pesos, cuando el último monto era de 1,2 millones de pesos. Recién superando ese monto, la norma obliga a realizar una licitación pública.

En el caso de licitación pública, el ministro del área está autorizado a adjudicar obras y compras por hasta 2,7 millones y, superado ese monto, es el propio Gobernador el que debe autorizar el gasto.

Desde el servicio administrativo del Ministerio que conduce Juan Acuña explicaron que el aumento de los topes para las distintas modalidades de contratación -que se realizó en un promedio del 25%- es sólo una actualización en función de la inflación. Además permitirá -al elevar los montos de contratación- agilizar contrataciones y compras de materiales que, de otra manera, demandaban extensos trámites burocráticos.

La norma también habilita a realizar contrataciones y adjudicaciones, por montos limitados, a funcionarios con rango de director y equivalentes.

En uno de sus fundamentos, el decreto habla de la necesidad “de adecuar los límites de contratación y las autoridades competentes para autorizar, aprobar y adjudicar con la finalidad de lograr la optimización en la ejecución de obras para dar respuesta a los requerimientos de la comunidad en materia de obras públicas”.

NUEVOS TOPES

 Contratación directa: pasó de 90 mil a 120 mil pesos.

 Concurso de precios: el monto se elevó de 600 mil a 800 mil pesos.

 Licitaciones privadas: ahora se pueden realizan por montos de hasta 1.600.000 pesos. Antes, el tope estaba fijado en 1.200.000 pesos.

 Las licitaciones deben ser públicas a partir de un presupuesto superior a los 1,6 millones. Y a partir de los 2,7 millones las debe autorizar el Gobernador.