A mediados de los ’90, los accesos a la ciudad de Córdoba se encontraban en estado calamitoso. Al peligro de accidente, se sumaba el riesgo de robo, y cada uno de los ingresos a la Capital era una postal del abandono. Ramon Mestre avanzó entonces con una concesión atípica, que preveía millonarias inversiones privadas previas al peaje y establecía que para el año 2023 las nueve rutas de la RAC serían autopistas, y la Circunvalación estaría cerrada y hasta podría sumar carriles. Todo sería financiado con el peaje. El problema es que la tarifa era en dólares y el esquema hizo agua al momento mismo de comenzar a cobrar.

Entonces gobernaba José Manuel de la Sota, que resolvió aplicar un peaje más barato en cinco rutas y nunca compensó a la concesionaria Caminos de las Sierras. Esa firma terminó en convocatoria de acreedores, con un juicio de 250 millones de dólares en contra de la Provincia y con el contrato suspendido por años. Transcurrió una década sin nuevas obras en la RAC.

Juan Schiaretti, en 2010, decidió acabar con el litigio y comprometió el pago de más de 100 millones de dólares al grupo Impregilo –accionista mayoritario–. Desde mediados del año pasado, Caminos de las Sierras es estatal y una lluvia de anuncios cayó sobre ella: la red recibirá inversiones por más de mil millones de pesos en dos años –muchas ya están en plena ejecución–, con aportes de la Nación, la Provincia y la propia concesionaria, que hoy también es provincial pero en breve dejará de serlo.

Todo indica que 16 años después, lo único que sobrevivirá de aquel contrato de Mestre será su finalización en el 2023 y, por supuesto, el cobro de peaje. Y que la Provincia llegó a la misma conclusión que la Nación: a las obras de infraestructura las hará el Estado y las explotarán los privados. Se supone, entonces, que los usuarios pagarán una tarifa proporcional al corte de césped y el bacheo.