Desde una asociación de pequeñas y medianas constructoras afirman que cada vez les ponen más trabas para acceder a las licitaciones. Así, el panorama se reduce a unos pocos empresarios apañados por el poder. Las sospechas por "padrinazgos" se acrecientan.
El titular de Apymeco, la cámara que nuclea a cerca de 70 pequeñas y medianas empresas de la construcción, Jorge Del Río, explicó a Hoy que en los últimos tiempos el gobierno de la Provincia añade requisitos en los pliegos de bases y condiciones por fuera de la ley de Procedimiento, que hacen imposible que la gran mayoría de las empresas puedan participar de las licitaciones. "Se abre una licitación para construir mil metros de cloaca y te piden que en el último año hayas ejecutado 20 mil", ejemplificó el dirigente de Apymeco.
Esta denuncia fue ratificada por el diputado provincial de la Coalición Cívica e integrante de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, Jorge Cravero, que señaló a Hoy que las "pequeñas y medianas empresas quedan excluidas por las exigencias que les plantea el Estado". En esa línea, el legislador remarcó que hay sólo "dos o tres" proveedoras del Estado que supuestamente "cumplen con todos los requisitos". "Son esas firmas las que se quedan con todas las obras", añadió.
En este contexto, y con las crecientes denuncias acerca del favorecimiento por parte del Estado (nacional y provincial) a empresarios amigos del poder, la cristalización de obras fundamentales para el beneficio de la sociedad pierde el eje y termina sumida en un oscuro manto de sospechas. Si a esto se le suma que el gobierno bonaerense mantiene millonarias deudas con empresas del sector, la posibilidad de que el abanico de firmas que acepten las "extrañas" condiciones que plantea el Estado sea cada vez menor.
Del Río confirmó que muchas de las firmas que agrupa la cámara piensan más de una vez antes de presentarse a una licitación. Según explicó, la deuda del ministerio de Infraestructura de la Provincia "oscila los 600 millones de pesos". "Y Absa (Aguas Bonaerenses) también tiene una deuda muy importante", añadió el representante de Apymeco. Este diario se comunicó con la cartera de Infraestructura provincial pero no hubo ninguna respuesta oficial debido a que, aparentemente, la ministra Cristina Alvarez Rodríguez "se encuentra de vacaciones".
Deudas y problemas con los bonos
Cuando anunció la utilización de bonos para el pago de deudas a proveedores, el ministro de Economía bonaerense, Alejandro Arlía, había dicho que con esa decisión "se termina de ordenar un año difícil para arrancar con el cuentakilómetros en cero, con la perspectiva de conseguir financiamiento genuino en pesos". La realidad marca que esa predicción del titular de la cartera económica bonaerense está muy lejos de cumplirse: para los pequeños y medianos empresarios de la construcción el cuentakilómetros está bastante atrasado.
Del Río enumeró que muchas de las empresas que culminaron obras en la Provincia terminaron 2009 "con una deuda muy importante". La situación con Absa, según el representante de Apymeco, es peor aún: "Ni siquiera reconoce la deuda". El empresario indicó que desde que comenzó el año está reclamando reuniones y precisiones acerca del pago de lo adeudado, pero hasta ahora no tienen ninguna respuesta concreta.
En cuanto al pago de los bonos, Del Río también dejó en claro que no es una opción que beneficie a las pymes del sector. Explicó que el Banco Provincia responde por esos bonos a través de un crédito con las empresas. En esa línea, puntualizó que el monto depende de la capacidad crediticia de cada firma. "Si una empresa tiene un crédito pedido no puede acceder a otro", señaló. Así, dijo, deben recurrir a "otras opciones" para cobrar y terminan perdiendo entre "un 20% y un 25%".
"Un año bastante lamentable"
El diputado de la Coalición Cívica, Jorge Cravero, integró el año anterior la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la cámara Baja bonaerense. Consultado por diario Hoy, dudó unos instantes antes de calificar cómo fue 2009 en materia de obra pública en la Provincia. Hasta que finalmente halló el calificativo que buscaba: "Fue bastante lamentable".
En ese sentido, el legislador provincial cuestionó que la mayor parte de los fondos destinados a
la obra pública en la Provincia provengan del Gobierno nacional. Y ejemplificó: "El balance final del ‘Plan Federal de Viviendas’ fue muy inferior al de 2008". A su vez, Cravero entendió que las dos obras más importantes para la Provincia fueron concesiones: la autovía 2 y la ruta 11 y el puerto de La Plata. "Las inversiones más grandes fueron entregadas", concluyó.
Este medio intentó dialogar con la titular del ministerio de Infraestructura de la Provincia, pero fuentes de la cartera confirmaron que actualmente se encuentra de vacaciones.
Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra, Electroingeniería.
Los líderes de la empresa cordobesa saltaron la barrera de la realización comercial con la Casa Rosada para tener una estrecha vinculación política. No obstante, la firma ha sido beneficiada en los últimos años con una gran cantidad de obras, fundamentalmente las relacionadas a la transmisión eléctrica. La empresa estuvo involucrada en uno de los últimos escándalos del kirchnerismo por la construcción de una represa en el sur del país.
Lázaro Báez, Austral Construcciones. Está signado como testaferro del ex presidente Néstor Kirchner. Según informaciones periodísticas, con su constructora y gracias a su estrecha relación con el poder, llegó a obtener ganancias superiores a los 3.500 millones de pesos con la obra pública. El polémico empresario no se detiene allí: su vinculación con el poder y los negocios es aún más amplia.
Carlos Wagner - Esuco SA. Con sólo ingresar al portal oficial de la empresa y husmear lo mínimo indispensable, queda clara la estrecha relación del titular de la Cámara Argentina de la Construcción con el kirchnerismo. La enumeración de distintas obras en la provincia de Santa Cruz, bastión de Néstor Kirchner, deja en evidencia el guiño que esta firma tiene por parte del ex presidente. No de casualidad, además de la oficina central en Capital Federal, la firma tiene dos sucursales en Santa Cruz: una en Río Gallegos y otra en Caleta Olivia.




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