Las negociaciones llevadas a cabo esta semana entre Osvaldo Cornide, titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), y Ricardo Echegaray, administrador Federal de Ingresos Públicos, trajeron algo de tranquilidad a los comerciantes amenazados con la espada de Damocles de aplicar la resolución –dictada por Domingo Cavallo en el gobierno de Fernando De la Rúa en tiempos de corralitos y corralones-. Esta normativa prevé la obligatoriedad del uso del posnet en los comercios como una forma de incrementar la formalización de las ventas en el marco de un mayor control fiscal. La medida, si bien no es nueva, fue adquiriendo relevancia en las últimas semanas ya que la resistencia del comercio fue in crescendo y se llegó a consultas con constitucionalistas que aseguraron que la AFIP no tiene atribuciones para sancionar por este tema y comenzó una campaña para judicializar el tema a partir de respuestas modelos de los comercios ante los tribunales. 

Ahora, se conoció que AFIP se tomará un “tiempo prudencial” para aplicar sanciones ya que, si bien el fisco nacional dejó en claro que la implementación de la medida para los negocios “es inexorable y deberá cumplirse totalmente” desde el organismo de recaudación aseguraron que “habrá un tiempo prudencial” para que quienes aún no lo poseen, puedan adecuarse a la obligación. 

En tanto, en el país, Entre Ríos incluido, ya se han ido labrando actas, aunque por ahora son sólo a fines de “constatación y no implicarán sanción alguna”. 

El titular de la Federación Económica de Entre Ríos, Jorge López, confirmó que ya se están realizando actas de constatación, incluso de sanción pero sin penalidades en virtud de los acuerdos alcanzados en Buenos Aires. 

“Nosotros hemos ido respondiendo estos sumarios que se han ido labrando ya que el decreto no puede prever penalidades, y se ha entregado a cada comercio un protocolo de actuación en caso que se presente la autoridad fiscal por este tema”, aseguró el dirigente local que dejó en claro que la mayor resistencia proviene de los gastos que demanda la implementación del sistema de pago digital para el comercio que ha decidido no tenerlo. 

Existen dos empresas que se dedican a este servicio, básicamente. Posnet, propiamente dicha que se ha convertido en un genérico ya que en el mercado se denominada así al sistema, y Lapos, que es propiedad de una serie de bancos nacionales. 

Estas empresas cobran unos 200 pesos como costo fijo por la instalación del sistema, a lo que hay que agregar el valor del uso de la línea telefónica, que es variable de acuerdo al uso de cada comercio. 

Además hay que agregar el “costo del plástico”, es decir lo que los bancos cobran por la relación comercial para que el negocio puedan vender con el sistema de crédito y débito. 

“Los plazos de pago a las empresas en los casos de operaciones en cuotas (con o sin interés) se extendieron en las principales emisoras de 48 horas a 18 días hábiles (24 a 26 días corridos), lo que “implica un esfuerzo de financiamiento difícil de superar”. 

También -afirmó la Cámara- que los pequeños comercios no tienen la estructura necesaria para afrontar los costos de ventas con tarjeta de débito y crédito, cuyos cargos oscilan entre 1,5% y 3,5% sobre las ventas”, advirtieron desde CAME en defensa de las Pymes. 

Ante estos costos, muchos comerciantes deciden vender sólo de contado, y aquí entran en colisión con la normativa de AFIP. López agrega a esto un dato que no es menor: “Por su historia, escala o flujo, para los bancos muchos comercios no son sujetos de crédito y no le ofrecen trabajar con tarjeta, lo cual es un problema que agrava la situación, especialmente para los monotributistas”. 

Dice el dirigente que por ahora el tema está tranquilo en virtud de los últimos acuerdos nacionales, pero “nosotros no dejamos de preocuparnos y ocuparnos porque es un tema que en cualquier momento aflora y si deciden acortar plazos o imponerlo no serán pocos los comercios que se verán alcanzados”. 

Dentro del acuerdo alcanzado entre Echegaray y Cornide figura el tema de incrementar el monto como crédito fiscal. Según trascendió, la AFIP se comprometió a generar las “modificaciones legales” necesarias para elevar el monto del compromiso de pago a cuenta del IVA del costo del sistema, que hoy por hoy se encuentra en $30, un valor completamente desactualizado. (El Diario)