El expediente pretende que las mismas presenten planes de inversión, mantenimiento, renovación de flota y capacitación de choferes.

Pero el proyecto solo exigiría las nuevas normativas a las renovaciones o nuevos otorgamientos y no a los que ya están en vigencia.

Desde la oposición cuestionan la propuesta y aseguran que lo único que se busca es proteger a las empresas que ya tienen su piso y evitar que lleguen nuevos competidores con mejores servicios.

El escrito fue presentado por el concejal zuccarista Fabio Gómez y en sus argumentos señala que el crecimiento demográfico de Pilar, exige la modernización de las licitaciones y la necesidad de crear mecanismos de control.

Al mismo tiempo, el expediente remarca como “imprescindible la regularización de la situación de los distintos recorridos de colectivos” y agrega: “El otorgamiento en forma precaria es una facultad del Estado pero de ninguna manera se puede concebir la prolongación indefinida de esa situación como reemplazo del previsto otorgamiento por licitación pública”.

Requisitos

El mismo proyecto exige a las empresas interesadas en obtener los pisos o recorridos locales, a presentar los siguientes planes, como requisitos a esa pretensión.

Estos planes e informes que luego deberán ser controlados en su cumplimiento serían de “inversión en general; renovación de unidades; capacitación de personal y adecuación horaria”.

Mientras que los informes que estarían obligados a presentar serían “trimestrales de siniestralidad; mensuales de anomalías en la prestación; anuales sobre responsabilidad social empresaria; trimestrales de toma de subsidios previstos por el Gobierno nacional; dentro de los 10 días de producida cualquier penalización por parte de la Secretaria de Transporte de la Nación; dentro de las 72 horas en caso de producida la convocatoría de acreedores; publicitar la grilla de horarios completa, tanto para los días hábiles como para los días feriados y establecer una página de internet donde los usuarios puedan acceder a todas las informaciones útiles relativas a la empresa”.

En ese contexto, Gómez explicó a FM Plaza (92.1 Mhz): “Hace una década, la licitación la ganaba una empresa y ponían 10 colectivos de 3 años de antigüedad para el servicio. Como no había obligación de renovación de unidades, a los 10 años esos colectivos tenían 13 años de antigüedad y seguían circulando, por lo que se caía la calidad del servicio, mientras que durante esa década la empresa había ganado dinero y se daba el lujo de dar una mala prestación”.

Pero al mismo tiempo, el concejal oficialista, señaló que la dificultad es poder exigirles adecuarse a estas normativas a las empresas ya con pisos otorgados. “No podemos hacer una ley retroactiva, pero sí que las que se vayan renovando cumplan con estas normas”, dijo Gómez.

Disconformidad

“Buscan beneficiar a las que ya están”

El concejal opositor Diego Ranieli cuestionó el proyecto presentado por su par Fabio Gómez y aseguró que el expediente: “lo único que busca es beneficiar a las empresas que ya están”.

Ranieli adelantó a El Diario que la próxima semana presentará modificaciones a este proyecto, remarcó: “esto no es más que apuntar a la legalización de las empresas que trabajan hoy precariamente en Pilar”.

En el mismo sentido el edil expresó su descontento con el servicio de las líneas actuales: “Estas empresas van a seguir desinvirtiendo y hoy andan con agujeros en el piso, cubiertas lisas y nadie los controla”.

Al mismo tiempo, señaló que su propuesta es abrir los llamados a nuevas empresas: “teniendo en cuenta que el servicio de transporte público que prestan en Pilar las actuales es muy malo, tenemos que convocar nuevas empresas a todos los recorridos e incluir a las que vengan de afuera sabiendo el servicio que prestan en otros distritos y no este proyecto que es más de lo mismo”.

Pendiente

Uno de los proyectos pendientes que tiene el Legislativo desde hace tres años, es el debate y aprobación del boleto universitario y terciario que sigue sin aplicarse.