Hace diez días debió resignarse a no poder seguir aumentando las tasas por decreto. Ahora, la oposición logró que el Ejecutivo vetara una ordenanza que el oficialismo había aprobado a las apuradas, violando normas legales y el reglamento interno del cuerpo legislativo.

Tras el resultado de las últimas elecciones, Arrieta ya no puede manejar a su antojo las voluntades en el Concejo Deliberante. La semana pasada, el intendente debió enviar un proyecto eliminando de la ordenanza tributaria la facultad que tenía para indexar de forma automática el valor del módulo municipal, lo que le permitía asegurarse un aumento de tasas anual. Arrieta se vio obligado a resignar esta polémica facultad porque los bloques opositores habían acordado derogarla en el recinto, lo que hubiera hecho aún más evidente la derrota del oficialismo.

No obstante, habituado al control de los tiempos legislativos sin resistencia, el gobierno volvió a cometer un grave error, al aprobar a las apuradas y sin debate una ordenanza estableciendo fuertes multas a los motociclistas que circulen sin casco.

El Ejecutivo envió el proyecto sobre el filo de la sesión del pasado viernes 26 de marzo, con la intención de que fuese aprobada en la misma sesión. Por tratarse de una ordenanza, requería de un despacho de comisión, que el oficialismo pretendía realizar en la misma sesión.

No obstante, en la reunión parlamentaria realizada algunas horas antes, los bloques opositores se negaron a aprobar el proyecto esa misma noche, argumentando que un tema tan delicado requería tiempo de estudio en comisión. Así fue que se acordó que el proyecto ingresara, pero que no fuera tratado.

Pero el bloque oficialista rompió la palabra dada en la parlamentaria y en la sesión presionó para que el proyecto fuera ingresado al orden del día y aprobado tras un dictamen de comisión en cuarto intermedio. Para ambas votaciones el oficialismo contó con el apoyo del concejal macrista Juan Cruz Irigoyen.

Sin embargo, tras la sesión, los bloques opositores presentaron una seria objeción a la presidencia del cuerpo, argumentando que la ordenanza sobre el uso de casco es "nula de toda nulidad", debido a que se violaron normas legales y reglamentos internos del Concejo.

Entre los argumentos señalados por la oposición, se hace hincapié en que el proyecto ingresó apenas dos horas antes de la sesión y que la votación para que el mismo fuese introducido en el orden del día resultó 7 a 7 (desempató el voto del presidente Salvador Egitto), cuando según el artículo 191 del reglamento interno del Concejo se requiere de dos tercios de los votos de los concejales presentes para que se apruebe el ingreso de un proyecto fuera de término.

Las irregularidades no terminan allí. En el cuarto intermedio, la comisión de Legislación y Reglamento dio despacho positivo al proyecto. Sin embargo, dicha comisión sesionó sin quórum ya que emitió despacho únicamente con la presencia de Irigoyen, Castagneris y Cid Mena, en tanto que el resto de sus integrantes (Pedrini, Pérez y Velázquez) no prestaron conformidad. Es decir, que el despacho también se considera nulo, ya que no se reunió la mayoría determinada por el artículo 93 del reglamento interno.

Ante esta situación, los bloques no oficialistas (ACyS, IPV, ConFe y Ernesto Daher por Unión Pro) le enviaron una nota a Salvador Egitto denunciando las irregularidades y solicitando su intervención.

A fin de evitar un revés de consideraciones mayores y no exponerse a un reclamo judicial, el intendente Arrieta decidió el pasado 31 de Marzo vetar la ordenanza aprobada. Lo hizo mediante el decreto 0276/10 que lleva también la firma de Marisa Fassi.

Ahora, oficialismo y oposición deberán consensuar los pasos a seguir para la sanción de una nueva norma. Una buena iniciativa del Ejecutivo se vio empañada por el intento de manejar los tiempos en función de buscar "golpes de efecto", en este caso como una réplica del escándalo Baradero.

El papelón podría haberse evitado si desde el primer momento se hubiese actuado respetando las reglamentaciones vigentes que -por torpeza, desprecio o ignorancia- los concejales oficialistas desconocieron.