El secretario de Economía, Guillermo Mana, negó que el derecho de publicidad vaya a cobrarse a los kiosqueros y comerciantes. "Les apuntamos a las multinacionales", dijo. Habrá cambios en el proyecto
El secretario de Economía, Guillermo Mana, salió ayer a desmentir que el nuevo impuesto vaya a cobrarse a los riocuartenses. Aseguró que apunta sólo a las multinacionales que usan el espacio público de la ciudad y que actualmente no pagan por esa utilización. Pero, además, puntualizó que si la redacción del proyecto es confusa, entonces, se modificará el texto para dejar en claro que ni los kiosqueros ni los comerciantes estarán alcanzados por el tributo.
El impuesto a la publicidad y la propaganda está incluido en la ordenanza tarifaria anual que deberá aprobar el Concejo Deliberante junto con el Presupuesto 2010. Según la escala enviada por el Ejecutivo, el mínimo por cartelería sería de 54 pesos por año y el máximo 2.500 pesos.
Después de la polémica que se generó cuando el PJ dio a conocer la existencia de la nueva tasa, el gobierno salió ayer a aclarar que cambiará el proyecto para dejar en claro a quiénes se les cobrará.
"Desde que asumimos, tomamos la decisión de diseñar una política de ingresos que el Municipio no tenía. Por ejemplo, trabajamos con más fuerza en el cobro del impuesto a la valija, que en realidad alcanza a empresas de una jurisdicción que no es la nuestra y que vienen a lucrar a Río Cuarto. En paralelo, van apareciendo otras cosas.
Hay provincias -como Buenos Aires, Tucumán y Mendoza- en las que los municipios tienen derecho a cobrar por el uso del espacio público. En Río Cuarto dijimos ¿por qué no deberíamos cobrarlo? No hay ninguna razón para no aplicarlo", declaró Mana en conferencia de prensa.
El jefe de Economía aseguró que, si bien hubo empresas que intentaron frenar en la Justicia el impuesto a la publicidad, hasta ahora no ha recibido fallos en contra.
Mana especificó a quiénes se les cobrará el tributo. "Cuando lo analizamos, lo primero que dijimos fue: si el comerciante local está inscripto en la tasa de Comercio e Industria no le vamos a cobrar porque ya es contribuyente. Lo segundo que determinamos fue: ¿hay o no una utilización del espacio público por parte de un foráneo? Y sí, hay un uso del espacio público. Entonces, ése será nuestro hecho imponible. ¿Nos vamos a meter con el cartel que tiene un bar en la heladera? No, de ninguna manera. Defendemos el uso del espacio público", aseguró Mana.
En ese punto, no hay una coincidencia exacta entre la letra del proyecto y las declaraciones del secretario. La tarifaria enviada al Concejo señala que los avisos simples en paredes, heladeras o en vidrieras costarán 54 pesos por año, lo mismo que los letreros.
Mana indicó que cambiará lo que sea necesario para ajustar el proyecto al discurso.
El secretario de Economía dijo que no está definido que el impuesto a la publicidad vaya a aplicarse desde 2010. Aseguró que recién podría comenzarse con el cobro en 2011.
Un artículo polémico
El artículo del nuevo impuesto que más controversia generó fue el 289, que dice: "Son responsables del pago del derecho, solidariamente con el contribuyente, los anunciantes, los agentes publicitarios, los industriales, publicitarios o instaladores y/o propietarios de bienes donde la publicidad se exhiba, propague o realice".
La interpretación que hizo el PJ es que terminará pagando el kiosquero o comerciante si la empresa que hace la publicidad evade el tributo.
Mana dijo que, para evitar confusiones, se modificará ese artículo.
Prevén recaudar hasta $ 3 millones
La tasa de derecho de publicidad y propaganda ya está aplicándose en municipios de Buenos Aires, Mendoza y Tucumán. Según los asesores municipales, en las ciudades en que ya se instrumenta "está andando muy bien".
Según las previsiones de la Secretaría de Economía, la nueva tasa recaudará entre 2 y 3 millones al año.
En Río Cuarto, los principales contribuyentes serán las empresas de bebidas alcohólicas, las tabacaleras, los fabricantes de golosinas y las marcas de ropa.
En la mayoría de las jurisdicciones donde ya se aplica, hay empresas que fueron a la Justicia. Si bien ningún caso ha llegado a la Corte Suprema, hasta ahora los fallos han sido siempre favorables a los estados municipales.

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