Nuevo fallo obliga al Consejo Superior a entender en denuncias contra Kuchen

Un fallo judicial dictado ayer puso al desnudo, ya oficialmente, la morosidad administrativa que hay en la UNSJ, así como determinaciones tomadas por el departamento ejecutivo por fuera de las normativas vigentes.
Esto surge de la resolución del Juez Federal Leopoldo Rago Gallo, quien le dio al Consejo Superior de la Universidad, un plazo de 20 días para contestar una denuncia por "violación al Estatuto de la UNSJ" presentado en mayo del año pasado y que hasta ahora no tiene resolución alguna.

Se trata de la denuncia presentada oportunamente por el titular de la Dirección de Asuntos Legales de la propia Universidad, actualmente de licencia, Cayetano Dara, quien el 13 de mayo del 2.009 había denunciado ante el Consejo Superior de la casa de estudios, al rector Benjamín Kuchen, la vicerrectora, Nelly Filippa y al secretario Administrativo Financiero César Aguirre por apartarse presuntamente del estatuto universitario por tres acciones que el abogado consideró que además podrían significar un delito de acción penal.

Se trata de la denuncia contenida en el Expediente 13-052-D-09, donde Dara denuncia que la Universidad hizo plazos fijos en bancos que no son oficiales como lo marca el estatuto, que no paga correctamente las contribuciones patronales de sus empleados a la AFIP y que no cumple con el reencasillamiento del personal no docente de la UNSJ.

Aquella denuncia, fue recibida por la autoridad máxima de la UNSJ y girada al rector para que hiciera sus descargos, tras lo cual pasó a la Dirección General de Asuntos Legales, interinamente ejercida por la doctora Adriana Tettamanti el 17 de junio de 2.009 y hasta la fecha, no hay dictamen sobre lo denunciado y por lo tanto, el Consejo Superior no respondió al peticionante (Dara), sobre el fondo de la cuestión.

La resolución dictada por el Juez Rago Gallo, se suma al rosario de inconvenientes que la gestión del doctor Kuchen afronta, como el emplazamiento en 10 días para que remita documentación a la Cámara Federal de Mendoza por los mismos temas, que recayeron en la Sala A de la Cámara Federal de Mendoza, que tiene como Presidente al doctor Otilio Roque Romano, como Vicepresidente al doctor Alfredo Lopez Cuitiño y como vocal al doctor Julio Demetrio Petra Fernández y cuyo secretario de la Sala es el doctor Juan Jesús Castilla y en la Sala B de la Cámara Federal de Mendoza, que preside Antonio Alberto Endeiza, siendo su vicepresidente Luis Francisco Miret y la secretaria la doctora Graciela Liliana Terzi.

Ambas salas de la Cámara Federal, le dieron a Kuchen 10 días para que conteste las acusaciones y para que remita la documentación mencionada en las denuncias, a los efectos de compulsar con los datos y emitir una resolución judicial que podría complicar aún mas la gestión del rector, so pena de actuar con la fuerza pública si no cumple.

También se suma a las demandas por acoso laboral y Moobing presentadas en cuatro casos por la doctora Dora Yolanda Moreno, la demanda de la asociación sindical APUNSJ de no docentes para que se ponga en vigencia el reencasillamiento y el mas grave de los casos, que es la muerte del alumno Fernando Reynoso electrocutado que se tramita en la Justicia y sobre lo cual podrían presentar, en pocos días mas, otra denuncia penal contra el rector y sus colaboradores, especialmente la Secretaría de Obras por dolo eventual.

En el fallo del juez Rago Gallo, el magistrado aclara que "libra orden de pronto despacho contra la Universidad" por la falta de respuesta a quien efectuó la denuncia, entendiendo que es el Consejo Superior a quien le corresponde hacerlo, ya que a ése órgano estuvo dirigida la denuncia de Dara oportunamente.

Con esto, los consejeros de la UNSJ, que hasta ahora se mostraron inmóviles frente a la catarata de demandas por irregularidades que recaen desde el año pasado sobre la administración de Kuchen, deberán actuar y tomar partido en el marco de un clima de alta susceptibilidad que se vive en la Universidad por la muerte del alumno Reynoso que obligó a suspender las actividades para evitar la clausura de las instalaciones universitarias.

Además, el juez le impone el pago de las costas a la Universidad, por haber perdido el recurso de amparo por mora y en los hechos, deja sin efecto la medida de suspensión del trámite que el rector Kuchen había dispuesto en la Resolución 18/2010-R emitida por el rector el 2 de febrero pasado y que Kuchen tomó unilateralmente a pesar de que como el mismo juez lo dice en su fallo, "pasaron mas de 100 días hábiles" sin que se contestara la denuncia presentada, lo que fue calificado por el magistrado como "inacción" de parte del Consejo Superior.

La medida judicial, obliga ahora a los consejeros a tomar cartas en el asunto en un término perentorio y a salir del ostracismo en el que estaban sumidos hasta ahora.

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