El pasado 17 de abril, el magistrado había concedido una cautelar solicitada por la Defensoría del Pueblo, disponiendo la prohibición de la aplicación de dicho aumento en Tucumán, que alcanzaba porcentajes de entre un 200 y un 300 por ciento y afectaba a más de 50 mil familias.

La medida también ordenaba la devolución del dinero a aquellos usuarios que ya habían pagado el incremento, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo (la constitucionalidad del decreto nacional).

Sin embargo, Gasnor no solo siguió aplicando el cargo en las facturas, sino que además envió avisos de deuda a los usuarios que, amparándose en esa sentencia, no cumplieron con su pago.

Frente a ese atropello, el ombudsman Jorge García Mena realizó una nueva presentación ante Racedo, solicitando que se intime a la empresa a acatar la medida judicial y a deponer su actitud intimidante, por considerar que la misma "inducía al error e infundía temor entre los usuarios del servicio de gas".

Finalmente, ayer, Racedo hizo lugar al planteo de la Defensoría del Pueblo y, mediante una ampliación de la acción cautelar que frenó el tarifazo, ordenó a la distribuidora de gas que deje de intimar a los consumidores.

Además, el magistrado exhortó a Gasnor a "brindar una correcta información en el caso de que la acción de amparo prospere favorablemente al planteo de los usuarios".

Sobre este último punto, la empresa deberá aclarar, mediante una publicación en medios gráficos de amplia distribución en la provincia, que si la cuestión de fondo se resuelve a favor de los usuarios, "deberán ser reintegradas las sumas abonadas en concepto del pago de ese decreto nacional, con los intereses que eventualmente pudieran imponerse".

En su resolución, el juez Mario Racedo dejó en claro que la cautelar emitida el 17 de abril "se encuentra en plena vigencia y en términos claros y precisos, con la única finalidad de preservar los derechos de los usuarios".