USHUAIA.- La relación entre la Legislatura y el Ejecutivo provincial sumó ayer otro capítulo de conflictividad, cuando por mayoría la Cámara aprobó el Presupuesto 2011 con las modificaciones introducidas por la oposición, y que habían sido vetadas por la gobernadora Fabiana Ríos. La reacción del Gobierno no se hizo esperar y pocas horas después el Gobierno anunció que recurrirá a la Justicia para denunciar la ley aprobada por los parlamentarios, ya que la misma “recorta 575 millones de pesos de ingresos, genera un déficit de 428 millones y reduce drásticamente las fuentes de financiamiento para equilibrar el gasto, entre otras imposiciones”.

Asimismo, se argumentó que la Legislatura tiene atribuciones para rechazar o aprobar el Presupuesto en sus términos originales, pero no para sancionarlo con modificaciones introducidas por el propio cuerpo.

Cabe recordar que en función del resultado, y ateniéndose a lo que marca la Constitución Provincial, la mandataria recondujo por decreto el Presupuesto 2010.

En lo que fue la primera sesión ordinaria del año, la mayoría conformada por Ricardo Wilder, Ricardo Furlan, Adrián Fernández y Ana Lía Collavino (FPV); Luis del Valle Velásquez (MO); Damián Löffler, Mónica Urquiza y Roberto Frate (MPF); Gabriel Pluis (UCR) y Marcelo Fernández (Unión Comunal por Tolhuin), insistió con el tratamiento y sanción del proyecto, que como se dijo fue vetado por Ríos en enero pasado. En tanto, los oficialistas disidentes Manuel Raimbault, Verónica De María, Osvaldo López y Elida Deheza votaron en contra de la insistencia.

La comparación entre ambas iniciativas arroja que el proyecto del Gobierno preveía gastos por 4.068.500.546 millones de pesos, mientras que el alternativo y sancionado, contempló gastos por 3.981.956.396millones.

En cuanto a los ingresos el Ejecutivo estimaba 3.792.906.882,05 millones, y el proyecto de la oposición 3.217.906.882 millones.

En tanto, el Presupuesto del Ejecutivo preveía ingresos corrientes por millones de pesos, gastos corrientes por 3.108.748.517,21 millones, con un superávit de 185.050.095,61 millones de pesos. A su vez, la oposición previó ingresos corrientes por 2.718.798.613 millones, gastos corrientes por 3.147.204.367 millones, con un resultado económico negativo de 428.405.754 millones de pesos.

Las argumentaciones del veto

Luego de la sanción del Presupuesto modificado, Ríos manifestaba que “la Constitución dice claramente que la Legislatura tiene atribuciones para aprobar o rechazar el proyecto de ley de Presupuesto enviado por el Ejecutivo”, pero “no para modificarlo o formular un nuevo Presupuesto”.

En los considerandos de su decreto Ríos tomó en cuenta un informe realizado por la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación que advertía que “el proyecto sancionado no ha respetado las facultades constitucionales adjudicadas a cada uno de los Poderes del Estado provincial, en el proceso de formulación y sanción de la ley de presupuesto”.

Señaló además que “por mensaje número 8 del corriente año, el Poder Ejecutivo Provincial dio cumplimiento a la obligación que surge del artículo 67 de la Constitución de la Provincia, que adjudica expresamente al Poder Ejecutivo la iniciativa legislativa en materia de presupuesto”.

“Esa prerrogativa legislativa que posee el Ejecutivo es única y excluyente, y es la que entendemos no ha sido respetada ante el proyecto en vista, que no se corresponde con la aprobación o rechazo del proyecto que remitiera el Poder Ejecutivo, sino con el tratamiento de un proyecto propio o alternativo” de presupuesto presentado por bloques legislativos opositores, se agregó.

Por ello, para el Ejecutivo “la atribución de la Legislatura en materia presupuestaria se restringe a su propio presupuesto, el que integrará el Presupuesto General que remita el Ejecutivo provincial”.

En esa línea, en relación al aumento de las dietas propuesto por los legisladores, beneficio que alcanzaba al salario de Ríos, desde el Ejecutivo se destacaba que “no se puede decir a los trabajadores que la pauta salarial para el 2011 será del 10% (en referencia a lo ofrecido por el Ejecutivo), mientras la clase política se aumenta un 30%”, a lo que se agregaba que “en el proyecto del Legislativo no sólo no se contemplan los mayores recursos que respaldarían el incremento salarial sancionado”, sino que “resulta incongruente el proyecto de ley con la política salarial que lleva a cabo el Poder Ejecutivo provincial”.

Por ello, “no corresponde otorgar un aumento salarial para los funcionarios provinciales que rondaría en un 25% cuando se estipula un incremento salarial programado para el resto de los trabajadores estatales del 10%”.

A la Justicia

Como se mencionó más arriba, el Gobierno “denunciará en la Justicia el proyecto de ley de Presupuesto 2011 que la Legislatura pretende imponerle, al haber insistido por mayoría la ley que había vetado la gobernadora”, se informó anoche oficialmente desde el Ejecutivo.

Al respecto, el Gobierno argumentó que “la Legislatura recortó ingresos a la Provincia por 575 millones de pesos, lo que convirtió el cálculo con saldo positivo estimado por el Gobierno en un resultado económico negativo en 428 millones, situación que se contradice con la Ley nacional de Responsabilidad Fiscal (Nº 25.917) a la que había adherido la misma la Legislatura al sancionar la ley provincial Nº 694, y la ley 487 de Compromiso Fiscal y Transparencia de la Gestión Financiera”.

Asimismo, apuntó que “al tiempo que el Parlamento aumentó el déficit presupuestario, redujo en 250 millones de pesos la gestión de fuentes de financiamiento para la Administración Central y en 75 millones para los entes descentralizados, empeorando el déficit y poniendo a la norma en colisión con el principio básico de equilibrio presupuestario”.

“No obstante el ajuste aplicado a los ingresos y a la reducción impuesta a la gestión de fuentes de financiamiento, entre otras modificaciones, los Legisladores se garantizaron el presupuesto propio, exigiéndole al Ejecutivo la remisión en doce cuotas mensuales de las partidas de los otros Poderes del Estado”, enfatizó.

Además, observó que el proyecto aprobado por la oposición “impone al Ejecutivo asignar al sistema de Salud la totalidad de las vacantes que se generen en la administración central, sin límites y sin facultar al Gobierno la cobertura de necesidades de otras áreas”.

Ante este panorama el ministro de Gobierno, Guillermo Aramburu consideró “inconstitucional” y generadora de “una inusitada gravedad institucional” la “actitud del Parlamento por arrogarse facultades propias del Poder Ejecutivo”.

Por último, el titular de la cartera política advirtió que este presupuesto “pone en riesgo la prestación de servicios básicos del Estado y pone en jaque el cumplimiento de los acuerdos salariales alcanzados por el Ejecutivo con diferentes sectores gremiales de la Administración Pública”.