Con la inauguración de una planta en La Plata, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires pone en funcionamiento hoy un sistema moderno y transparente para la verificación vehicular. De este modo, a partir de ahora la supervisión de automóviles ya no se realizará en el predio del Bosque sino en 160 entre 519 y 520, en la localidad de Melchor Romero. 

En ese lugar se invirtieron cerca de 3.000.000 de pesos con el objetivo brindar transparencia y comodidad a los clientes. La flamante planta cuenta con espacios cubiertos para la atención de los usuarios y para estacionamiento y examen de los vehículos. Además, dispone de conexión a internet de alta velocidad, computadoras e impresoras de última generación y oficinas administrativas para la realización de los trámites y mejoras en la calidad de atención al ciudadano.

Con el nuevo sistema, el control de las verificaciones de vehículos (unas 50.000 por mes) pasó a la órbita civil, aunque habrá presencia policial para brindar seguridad y realizar los peritajes en los motores, autopartes y vidrios. Desde la admnistración de la gobernadora María Eugenia Vidal detectaron graves deficiencias y múltiples quejas de los ciudadanos. Por eso se dispuso la transferencia de la coordinación operativa de las plantas verificadoras policiales al ámbito de la Dirección Provincial de Registro de Verificación de Autopartes (RPVA), dependiente del Ministerio de Seguridad, a cargo de Cristian Ritondo.

Hoy a las 11 será la inauguración de la Planta en La Plata, pero los cambios de la primera etapa se completarán a fines de agosto, con la puesta en funcionamientos de lugares similares en La Matanza, Pilar, Mar del Plata, Vicente López, San Martín, Marcos Paz, San Vicente, Luján, San Miguel, Quilmes, Bahía Blanca y Morón.

Tres etapas

Con esas 13 plantas, que son las de mayor tamaño, se va a cubrir la demanda de verificaciones del 60 por ciento de los bonaerenses. La segunda etapa finalizará en diciembre de 2018 y cubrirá un 30 por ciento más. El resto de las plantas, más conocidas como “pasos”, que son unos 100 y funcionan en localidades pequeñas del interior de la Provincia, recibirán un “kit de verificación” con las herramientas necesarias: linternas, elementos de limpieza, una computadora portátil y un módem 4G con acceso seguro a internet.

“Desde ahora y hasta fines de julio, los ciudadanos podrán realizar transferencia de vehículos con los requerimientos conocidos, pero desde el mes que viene vamos a cambiar al sistema online, y algunos formularios quedarán caducos”, explicó a diario Hoy el ministro Ritondo. También destacó que “la Provincia de Buenos Aires será la primera en contar con plantas de verificación acordes a los estándares que pretende la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios”.

A partir de agosto, los usuarios deberán ingresar a través de internet al sitio https://vpa.mseg.gba.gov.ar para completar los datos personales y del vehículo. Así, luego de la impresión de un cupón, se podrá abonar el trámite en los locales de pagos de servicios, o con tarjetas de débito o crédito. Al respecto, Ritondo enfatizó que “ya no deberán comprarse formularios ajenos a la planta, evitándose así los abusos en el precio de venta de los mismos, los cuales no tenían un valor unificado”. 

Una caja negra de más de 2 millones mensuales 

La Auditoría General de Asuntos Internos, del Ministerio de Seguridad, detectó graves irregularidades en las plantas de verificación de automotores. Por lo tanto, un informe elaborado por ese organismo fue clave para la decisión política de regular y controlar desde la órbita civil el funcionamiento de las plantas. “Por la cantidad de transferencias de vehículos, la Provincia debería recaudar 5.000.000 de pesos mensuales, pero ingresa a las arcas del Estado cerca de la mitad de ese dinero”, detalló el ministro Cristian Ritondo.

En mayo de este año, tras una denuncia anónima de un policía, la Justicia allanó la Dirección de Prevención contra el Delito del Automotor y encontró 189.000 pesos escondidos y un arma. Por ese procedimiento, fue procesado el titular de esa área, Alberto Miranda.

Las recaudaciones ilegales presuntamente realizadas por policías tendrían relación con adulteraciones de documentos a cambio del cobro de coimas, la venta con sobreprecios de formularios o turnos y la no declaración de trámites hechos. Al respecto, el ministro Ritondo explicó ayer que hay ocho jefes policiales que están en proceso de ser exonerados, acusados de cometer delitos en las Plantas de Verificación.