La predilección del oficialismo por homologar contrataciones directas para la concreción de obras públicas, nuevamente se encontró con la negativa de la oposición de incurrir en este sistema, obviando otros métodos que le imprimirían al proceso una mayor transparencia y control.

En este caso, las desavenencias surgieron cuando se trató el proyecto mediante el cual se autorizó al Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVDU) a contratar de forma directa, la adquisición de materiales de construcción, bienes, insumos, equipamientos y servicios necesarios para la construcción de 35 viviendas nuevas en el marco del "Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales", cuyo monto asciende a los 6,9 millones de pesos a desembolsar en tres partes (el 50% del total ya fue efectivizado).

Según lo señalado por Ramiro González Navarro (PJ) las obras "no pueden demorar más de ocho meses de ejecución, por ello la urgencia es reconocida por los hechos", sostuvo, como una forma de justificar la iniciativa.

Sin embargo, Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) recordó que el artículo 12 de la Constitución Provincial establece que esta operatoria debe realizarse a través de licitaciones públicas, salvo razones excepcionales. "El argumento de que no hay tiempo ya fue utilizado muchas veces, le hubieran pedido al PEN, ya que tienen buena relación, que les extienda el plazo", expuso.

Por su parte, la radical Silvia Elías de Pérez estimó que "el desapego por el cumplimiento de la norma es muy grave porque se evade un mandato constitucional. Al habilitar constantes contrataciones buscarán que se forme una nueva Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU, repartición sobre la que pesan varias denuncias judiciales por supuestas irregularidades).

Como una forma de defender lo actuado por la banca oficial, José León aseguró que en el sistema público "el esquema perfecto de contratación no existe". El otro correligionario, Federico Romano Norri, en alusión al factor temporal indicó que el convenio fue firmado en el 2011 "¿y recién ahora se aprueban las obras? Entonces por qué aducen que no hay tiempo para las licitaciones”. Finalmente, el proyecto contó con el visto bueno de todo el PJ y la postura negativa de los siete opositores presentes.