El abogado Sergio Roldán, vecino de Recalde, presentó una nueva denuncia en la UFI 7 –de turno- para impedir la realización de las anunciadas carreras cuadreras en la localidad el próximo 7 de marzo.

Se trata del mismo vecino que denunció en mayo de 2010 una situación similar y mantiene los argumentos: “son ilegales y la organización es irregular” remarcó en diálogo con infoeme.com. Esa denuncia, presentada en la UFI 5, fue archivada en agosto de 2010 situación por la que el denunciante afirmó sentirse “molesto” y adelantó que en la semana entrante recusará el fiscal Martín Pizzolo, titular de la dependencia.

Por su lado, Roldán avanzó además con la denuncia del evento ante la delegación local de la Afip por presunto delito económico: lo hizo el día viernes, en forma personal en la dependencia local y al 0-800 del organismo. Roldán estimó que “en cada carrera mueven entre 20.000 y 30.000 pesos de apuestas sobre los que los organizadores no entregan facturas o recibos formales a los participantes, ni se descarga en Afip”.

El artículo 2 del decreto ley 6.618/57 establece la prohibición.

La denuncia presentada este viernes se caratula “posible delito de acción pública” y, tal como expresó Roldán, es una ampliación de los hechos denunciados en mayo de 2010. El vecino manifestó que busca que la UFI 5 reabra el caso que archivó y determine elementos probatorios para impedir que se concrete la próxima carrera cuadrera.

Para Roldán, la prohibición de este tipo de espectáculos deportivos, está establecida en el decreto ley 6.618/57 sobre “Prohibición de juegos de azar” y así lo hace constar ante la fiscalía con el expreso detalle: “Las apuestas sobre carreras de caballos fuera del hipódromo están prohibidas”.

En la denuncia expone Roldán en carácter de declaración testimonial, “tomo conocimiento el día 20 de febrero del corriente cuando se encontraba en la Doma que se estaba llevando a cabo en localidad de Recalde, el animador de la misma, Rubén Acosta publicitó para el día 7 de marzo del corriente año carreras cuadreras”.

Notificación del archivo de la denuncia del 26 de mayo de 2010: el fiscal expuso que

“los hechos denunciados no constituyen delito” en base a la documentación presentada.

El denunciante citó los medios de comunicación de Olavarría y Bolívar que dieron publicidad al evento para que se verifique y se incorporen como pruebas, y agregó que a principios de febrero se realizó otra carrera de similares características en la localidad de Blanca Grande con unos 600 concurrentes.

Sergio Roldán reiteró que “existe el riesgo de que haya un accidente o un muerto, como ya pasó en Bolívar donde hay una investigación judicial en marcha impulsada por el Colegio de Martilleros de Azul. Hace dos años que vengo avisando que esto es irregular, y el senador (Juan Carlos) Simón presentó un proyecto de ley provincial para regularizar estas carreras, ¿cuál es la diferencia de Recalde o del Municipio de Olavarría que se habilitan?”, se preguntó. El abogado agregó que en el caso de Bolívar, las carreras cuadreras mueven estimativamente 500.000 pesos por año y están controladas por la Afip, tras la denuncia presentada por los martilleros.