Antecedente próximo

A la hora de la evaluación, la referencia más a mano es el reclamo que también perdió el Estado en 1998. Aquella vez, la Corte dio la razón a empleados, funcionarios y magistrados que habían iniciado acciones contra una acordada del Superior Tribunal de Justicia en 1985. Ese año, los jueces del STJ se dieron un aumento que no trasladaron al resto de la estructura judicial, como hubiese correspondido.

Al respecto conviene recordar que en la justicia provincial rige una “ley de enganche” que fija todos los sueldos de la escala en función de la remuneración de la cúpula del poder, expresada justamente por los integrantes del Superior Tribunal. Cada categoría tiene como salario un porcentaje (siempre inferior a 100, por supuesto) del sueldo correspondiente al cargo de ministro del STJ.

En 1985 la conducción del Poder Judicial no respetó esa proporcionalidad, y en 1998 cayó el fallo que dio la razón al reclamo gremio. Resultado: el Estado eran tiempos de la primera gobernación de Angel Rozas- tuvo que emitir bonos por 104 millones de pesos para pagar los retroactivos no abonados a los empleados y magistrados que habían iniciado acciones, y también tuvo que subir de allí en más los básicos un 25%.

Diferencias y semejanzas

En 1991, los ministros del Superior Tribunal volvieron a caer en la tentación, y se asignaron una suma fija de 2.900 pesos para cada uno. Era claramente una mejora remunerativa encubierta, dispuesta como suma fija para no tener que cumplir la ley de enganche. Esta vez el elenco de magistrados era distinto. La única figura que puso su firma tanto en la decisión del ’85 como en la del ’91 fue María Luisa Lucas, quien permanece en el STJ y ya lleva 27 años en su cargo.

En aquel momento el básico de un ministro del Superior Tribunal era de 2.569 pesos. Es decir que el monto autoasignado representaba una mejora de nada menos que el 113% en los ingresos de los cinco jueces. Al resto de la estructura judicial se le dio una participación arbitraria en el aumento. Cobraron sumas fijas desde la cúpula -bajando en la escala jerárquica- hasta los jefes de despacho, pero sin respetar las proporcionalidades de la ley de porcentualidad salarial. Desde allí para abajo, nadie vio un peso de recomposición.

Como había sucedido con la acordada del ’85, el Estado volvió a ser objeto de cientos de demandas por la lamentable actitud de los jueces. Y otra vez será el conjunto de la sociedad el que deberá pagar por la decisión.

La semejanza de esta nueva demanda perdida es el perfil de la resolución que le dio origen y su fuente, el Superior Tribunal. Lo distinto es que seguramente las compensaciones retroactivas que deberá pagar el Estado serán muy superiores, ya que aquí se habla de un aumento no asignado del 113%, es decir más que cuadruplicando el 25% conflictivo del ’85. También es mayor el tiempo transcurrido entre la decisión y el fallo.

En 1998, cuando la Corte dictó sentencia contra la provincia, habían pasado trece años desde la acordada de 1985. Ahora pasaron diecinueve desde la resolución del ’91, si bien el plazo debería contarse hasta julio de 2008, fecha en que la Legislatura “blanqueó” los 2.900 pesos y sinceró la escala salarial judicial.

Las estimaciones difieren, pero la certeza es la misma: el Estado tendrá que hacer frente a una suma onerosa, de importante impacto en el presupuesto provincial, por un litigio que se podría haber evitado si en lo más alto del Poder Judicial del Chaco hubiera primado la razonabilidad y el respeto por las normas vigentes.