Hasta el martes, el Estado, aun cuando fuese titular de un 20 o 30 por ciento de las acciones de ciertas empresas, sólo participaba con el 5 por ciento del derecho a voto. Ayer, el DNU 441 suprimió ese límite y habilitó una virtual invasión de funcionarios afines a la Casa Rosada en los directorios empresarios.

El decreto, que genera mucha preocupación en las empresas, se convirtió así en un caballo de Troya. En efecto, cuando en los 90 el Congreso (ley 24.241) habilitó a los fondos de pensión a invertir el dinero de los jubilados en acciones de empresas, nadie imaginó que el Estado podría filtrarse por esta hendija. Tampoco el Congreso suprimió ese límite cuando, en 2008, derogó el régimen de las AFJP y la Anses se apropió de los fondos de los jubilados y de las acciones.

"Cuando las empresas privadas se financiaron con las AFJP, asumían que el Estado sólo podía nombrar un director. Ahora, el Gobierno alteró unilateralmente las reglas del contrato. Este final era imprevisible para las empresas privadas, que no se hubiesen financiado con los fondos jubilatorios", explica el constitucionalista Alberto García Lema, ex procurador del Tesoro de la Nación.

Al margen de lo jurídico, este decreto genera dudas en lo político, porque el Gobierno parece haber encontrado un camino que le permite tener injerencia en las principales decisiones empresariales, sin necesidad de recurrir a estridentes nacionalizaciones. Y, también, en lo económico, porque habrá que ver en qué medida una empresa con fuerte participación estatal es más productiva que una firma privada. En todo caso, será un tema discutible.

Pero desde el punto de vista jurídico, "tampoco hay ningún motivo de urgencia para que se haya dictado un DNU; si había que modificar una ley, pudo haberlo discutido el Congreso, que está en sesiones", coincide el constitucionalista Gregorio Badeni.

Por este atajo, el Gobierno busca convertir empresas privadas, que se rigen por el derecho privado societario -como continuará ocurriendo-, en empresas encadenadas al Estado y sobre las cuales el Poder Ejecutivo, a través de sus directores, tendrá una muy fuerte injerencia en la toma de decisiones.

Habrá, finalmente, otro factor de riesgo: es posible que el Estado, en aquellas empresas en las que tenga un porcentaje cercano al 30 por ciento, busque conquistar a otros pequeños accionistas para desplazar al grupo societario que actualmente controle la firma. Se empezará a transitar otro camino.