Francisco Quiroga tiene 76 años y, como repite en un particular lenguaje criollo, es “nacido y criado acá”. Rosendo Coronel, tiene unos cuantos años menos, 42, pero también nació y se crió en un rancho de “jarilla y barro”, como los que abundaron alguna vez en los alrededores de Algarrobo del Águila. Desde hace unos días, los dos puesteros del oeste pampeano comparten el mismo sentimiento: la cuenta regresiva de una audiencia judicial que se realizará el próximo 10 de abril, para hacerle frente a una orden de desalojo.

Lo de “nacido y criado” en el lugar es totalmente literal: sus respectivas madres los parieron en los puestos que, en el primero de los casos, la familia ocupó de generación en generación por más de 100 años. En el segundo, desde 1949.

Las historias de Quiroga y Coronel no son muy diferentes a las de otros puesteros del oeste que a lo largo de los años sufrieron una seguidilla de desalojos y perdieron sus tierras, siempre merced a maniobras cuanto menos extrañas.

Los dos casos ya fueron dados a conocer en los primeros días del mes de marzo, a través de esta página, luego del acceso a un escrito judicial. Pero ayer, un equipo periodístico de El Diario viajó hasta el “Puesto La Totora” y se entrevistó con Quiroga y Coronel.

“Si antes, cuando estábamos solos no teníamos miedo a que nos echaran, hoy, que tenemos quien nos defienda, mucho menos...”, coincidieron los dos puesteros. La referencia es para la abogada Guillermina Castro, quien los asiste profesionalmente, y que también estuvo presente en el lugar.

Vecinos

El desalojo que enfrentan Quiroga y Coronel (el primero es tío del segundo) tiene su origen en un supuesto “acuerdo” con un histórico vecino: Godofredo Sepúlveda. Ambas partes son poseedoras del Lote 20 -ubicado a unos 70 kilómetros de Algarrobo del Águila y a unos 90 de Santa Isabel- desde hace tiempo, pero éste último se movió legalmente y con rapidez.

Según coincidieron en el relato las víctimas del eventual desalojo, el primero en ocupar ese campo -de unas 5.000 hectáreas en total- fue el padre de Francisco Quiroga. “Yo nací en este puesto con todos mis hermanos, que de hecho somos muchos...el mayor ya murió y hoy tendría 80 y pico de años”, rememora para demostrar el tiempo de ocupación en el lugar.

Rosendo Coronel apunta lo suyo: “Mi papá, en cambio, vino en el año ‘49, y yo y mis hermanos también nacimos todos acá... El padre de ‘Godo’ (Por Godofredo Sepúlveda) fue el último que llegó de las tres familias que ocupamos el campo y le pidió permiso al padre de Francisco (Quiroga) para quedarse”.

Los puestos de los Quiroga, Coronel y Sepúlveda están separados por no más de 1.000 metros. Aunque todavía no se sabe con precisión en qué fecha, en un momento el padre de Godofredo Sepúlveda consiguió que la Justicia le concediera -trámite de por medio- la posesión veinteañal del total de esas tierras.

Está claro que ese beneficio fue otorgado sin ningún tipo de inspección o verificación de la zona: es casi imposible no ver un puesto de otro y distinguir con claridad los diferentes asentamientos.

En base a la escritura que consiguió su padre, una vez fallecido éste, Godofredo Sepúlveda volvió al lugar después de varios años con un papel en la mano, un abogado y la escribana Ana Los Arcos, hija del exjuez Jesús Los Arcos Vidaurretta.

“Acá a mi tío le hicieron poner el dedo en un papel (un contrato de arrendamiento) y a mi mamá, que murió hace tres años, como no sabía firmar la escribana (Los Arcos) escribió el nombre de ella en otra parte y después le hizo dibujar las letras”, dice ahora alertado por la maniobra, Rosendo Coronel.

La abogada que los asiste, Guillermina Castro, acota: “En realidad no fue un procedimiento legal el utilizado por la escribana...la única forma de hacerlo era con un instrumento público ante un escribano donde a la persona involucrada se le lee lo que va a firmar, se le explica e incluso hasta se pueden citar testigos para que den fe de lo que se va a firmar. La impresión digito pulgar es para identificar a una persona, no para garantizar un acto”.

Para la representante legal de Quiroga-Coronel, el desalojo no tiene razón de ser a partir de la nulidad de los contratos de arrendamiento. El fondo de la cuestión es que el “consentimiento” no tendría valor porque “sus otorgantes son analfabetos”.

Los contratos de arrendamiento tienen fecha del 22 de noviembre de 2005 y 30 de marzo de 2006. Los denunciantes del desalojo insisten en que no sabían lo que estaban “avalando”. “Accedieron a prestar conformidad no con un contrato de arrendamiento, sí con un documento que según Sepúlveda, vecino y persona confiable según mis mandantes, era la única forma que existía para seguir ocupando la tierra en las mismas condiciones que tenía”, agrega la abogada Castro.

Poseedores

Quiroga y Coronel son habitantes de “La Totora” con el tiempo suficiente como para que se les reconozca la posesión veiteañal. “La posesión se ejerció en forma pública, pacífica e ininterrumpida sobre toda la extensión que comprende el puesto”, destacó la abogada Castro.

También adelantó cuál será parte de la estrategia judicial: “Tenemos mucha documentación para presentar, como partidas de nacimiento, certificados de vacunación...además de una serie interminable de testigos, aunque en este caso se nos permitirán nada más que cinco”, explicó.

“Los hoy demandados no han abdicado sus derechos, jamás han tenido la intención de declinar el derecho a la tierra que han ocupado a título de dueños por extensos lapsos temporales”, precisó.

La abogada también aclaró que Godofredo Sepúlveda le hizo firmar a sus defendidos “ese contrato de arrendamiento con la excusa de que él les garantizaría el derecho de seguir usando y gozando de la tierra como durante todos estos años lo habían hecho”. Fueron “engañados en su buena fe”, redondeó el planteo. El caso también tiene detrás un curioso entretelón político. Sepúlveda es pareja de Marcela Borthiry, actual coordinadora del Ministerio de Educación en los colegios del oeste pampeano y hermana del ultravernista diputado provincial, Martín Borthiry.

Marcela Borthiry fue una conocida militante y referente del ARI en la provincia. Y tuvo una activa participación cuando el entonces diputado provincial por esa fracción política, Juan Carlos Scovenna, instaló su banca en el oeste pampeano.

De hecho, Marcela Borthiry conoció como pocos la situación de cada uno de los puesteros y las estrategias judiciales que se llevaron adelante para evitar los desalojos. Un tiempo después, la otrora militante de la causa de los puesteros apareció en la vereda de enfrente y avalando la postura de su pareja.

Decididos

Quiroga y Coronel, como muchos de los puesteros del oeste, son de pocas palabras. Ayer, rodeados de familiares y amigos, accedieron a una nota con El Diario en la que contaron tímidamente el caso que enfrentan. Luego, ya sin los nervios de la entrevista, en una recorrida a pie por el lugar lucieron un poco más locuaces.

- ¿Ustedes se imaginan viviendo en otro lado que no sea este?

Quiroga - Yo la verdad que no...¿qué voy a hacer a mi edad en otro lado? Mi vida es ésta, lo que usted puede ver, nada más. Ya tengo 76 años, estuve desde que nací acá.

Coronel - A mí de acá no me saca nadie, porque nosotros somos habitantes de años en este lugar...yo tengo 42 años, claro que puedo hacer otra cosa, pero me quiero quedar acá. Tengo derecho a quedarme acá...si hasta mis padres murieron acá.

- ¿Qué esperan que haga la Justicia, confían en ella?

Quiroga - ...No sé, que nos ayude.

Coronel - Nosotros confiamos en la Justicia y en la abogada que tenemos. Le vamos a hacer frente a lo que venga.

Esta historia continuará...