Cuatro meses después de que comenzara a aplicarse la sobretasa a las telecomunicaciones, ninguna de las grandes empresas telefónicas le depositó al Municipio los importes correspondientes a esos impuestos que implican un recargo del 5 por ciento en los servicios de Internet, telefonía fija y celular con abono y TV satelital y por cable.

Actualmente, el gobierno municipal está determinando la deuda que acumularon las empresas durante los 120 días que estuvieron sin percibir el impuesto municipal. Es que las firmas de telecomunicaciones son agentes de recepción del tributo y, por lo tanto, son las que tienen la obligación de depositar los fondos que deben recaudarse por ese concepto. Es decir, quienes pagan son las empresas, independientemente de que les cobren o no la alícuota a sus clientes.

Hasta el momento, según indicó Ignacio Fernández Sardina, subsecretario de Legal y Técnica del Municipio, de las grandes empresas solamente Cablevisión depositó los importes correspondientes. En cambio, Telefónica, Telecom, Personal, Movistar y Claro no han pagado ni un peso en concepto de la sobretasa.

“No han depositado nada. Por eso, en este momento estamos determinando la deuda y, si no cumplen en un plazo que se establecerá, se hará el juicio ejecutivo”, manifestó el funcionario municipal.

La postura de las telefónicas se hizo pública el año pasado cuando incluso terminaron yendo a la Justicia para evitar ser agentes de recepción. Además, presentaron pedidos de medidas cautelares, que terminaron siendo rechazados por la Justicia riocuartense, que les indicó a las empresas que el camino era la vía contencioso administrativa para terminar llegando al Tribunal Superior.

La posición de las empresas es que se trata de una sobretasa inconstitucional porque implica una doble tributación ya que, a su juicio, los servicios de telecomunicaciones ya son alcanzados por impuestos federales y sólo pueden ser regulados por el Estado nacional.

En los juzgados civiles de Río Cuarto rechazaron las acciones declarativas de inconstitucionalidad. En algunos casos determinó que se fuera directamente al máximo tribunal provincial y, en otros, se rechazaron directamente los planteos por considerar que no se habían elegido los canales adecuados dentro de la Justicia.

Actualmente, las presentaciones judiciales están en el Tribunal Superior. Pero el planteo que va a definir la suerte definitiva de la sobretasa es el que llevó el defensor del Pueblo, Eduardo Mugnaini, directamente ante el máximo tribunal de la Provincia.

La Defensoría le pidió al Tribunal Superior, a través de una acción directa, que determine si los nuevos impuestos a las telecomunicaciones que aplicó el Municipio de Río Cuarto son o no constitucionales y, por lo tanto, si pueden cobrarse o si debe interrumpirse su aplicación.

“Esperamos que el Tribunal Superior rechace la demanda del defensor del Pueblo”, dijo Fernández Sardina.