Lo sostuvo el secretario de Hidrocarburos, Eduardo D’Andrea, al ratificar que los expedientes que forman parte de las negociaciones que el Gobierno viene llevando a cabo para la extensión de las concesiones “son instrumentos públicos al que puede acceder quien lo solicite”, señalando que la única cláusula de confidencialidad existente es la que involucra a la información financiera y contable de las empresas.
El Secretario recordó que “muchas de las firmas con las que el Gobierno mantiene rondas de negociaciones cotizan sus acciones en bolsas del país y el exterior; y han entregado sus balances financieros bajo una cláusula de confidencialidad, por lo que no hemos hecho más que cumplir con lo que establecen normas vigentes a nivel nacional, así como las leyes provinciales 653 y 17.319”, señaló.
Esta cláusula “no se trata de nada nuevo en este tipo de situaciones, y de hecho en otras provincias las renegociaciones entre empresas y Gobiernos se realizaron bajo las mismas condiciones” sostuvo D’Andrea.
Para el funcionario, el tema “fue distorsionado intencionalmente” por parte de la oposición y persigue objetivos políticos con vistas a las elecciones de octubre próximo. “Evidentemente, muchos candidatos pretenden usarlo para hacer campaña y no transmiten la realidad, pero la Secretaría tiene sus puertas abiertas para quien quiera acceder a los expedientes y tomar vista”, aclaró.
Asimismo, D’Andrea mencionó que tras el pedido formulado por el legislador Manuel Raimbault en la última sesión de la Legislatura provincial, solicitando la anulación del acuerdo de confidencialidad en las negociaciones, se remitió al parlamentario la nota N° 115/11, con fecha 25 de agosto, “en la que le informamos que todo el cuerpo de expedientes está a su disposición en nuestra Secretaría, donde puede concurrir para identificar el material que necesite y realizar las copias que crea necesarias”.
Por su parte, la asesorada letrada de la Secretaría de Hidrocarburos, Dra. Beatriz Guichapani, explicó que la cláusula de confidencialidad firmada con las empresas “son para resguardo de la información que incorporaron al expediente de la renegociación y que tiene que ver con datos contables y financieros”.
“Esta situación está contemplada por la Resolución 319/98 de la Secretaría de Energía de la Nación, ya que se trata de información confidencial que atañe a las compañías en un aspecto sensible, como lo son sus datos económicos y financieros”, agregó.
La letrada coincidió en que los expedientes de las renegociaciones “son de acceso público y cualquier persona, funcionario o legislador que quiera tomar conocimiento de cada uno de los cuerpos y lo que se obra en ellos, puede hacerlo”.
“Esto nada tiene que ver esto con la información económica y financiera de las empresas, que es lo que se resguarda porque existe normativa que así lo establece”, finalizó.
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