La diputada del Frepam, Claudia Giorgis, advirtió que “el estado podrá garantizar políticas públicas si cuenta con los recursos” para la implementación adecuada de la Ley de Niñéz y Adolescencia que la legislatura provincial aprobó el martes de la semana próxima por unanimidad.

Durante el debate, la diputada del Fregen celebró la aprobación de la ley después de años en los que las intenciones quedaron truncas. La Pampa es una de las últimas provincias en adherir a la ley nacional 26061 de 2.006. La ley actualiza a la provincia en el nuevo paradigma de “protección integral de los derechos” de la niñez partir de la Convención sobre los derechos del niño (1989), de jerarquía constitucional en nuestro país (art. 75 inc. 22 CN), que deja de lado el modelo llamado “tutelar o de la situación irregular”.

“Pretendemos que esta ley sea una herramienta para que las transformaciones de paradigmas, de miradas, se puedan plasmar en el plano de lo real. Es por ello que estamos absolutamente convencidos de que la ley será un paso imprescindible y fundamental pero debemos tomar todas las prevenciones para que los cambios se puedan verificar en la realidad concreta”, señaló.

Para ello serán fundamentales “la capacitación permanente de todos para ayudar a cambiar el paradigma en nuestras representaciones gubernamentales y sociales y los recursos presupuestarios, fundamentalmente los recursos humanos”.

“Estamos absolutamente convencidos que el Estado podrá garantizar las políticas públicas en buena medida si cuenta con los recursos humanos para ejecutarlas. Pero para ello, es necesario tener en claro que esta ley, además de modificar radicalmente la concepción del niño, obliga al Estado a garantizar con absoluta prioridad mediante sus políticas sociales el ejercicio de sus derechos. Por lo tanto, resulta esencial la asignación de presupuesto, si queremos sostener la política pública en materia de niñez y adolescencia”, subrayó.

“Tenemos una realidad de mayor violencia, abusos, aumento de la droga, de madres con muchos niños a cargo y solas, familias desvastadas por diferentes situaciones. Se ha avanzado en los últimos años en crear oficinas para formular denuncias pero nos siguen faltando los profesionales y agentes para la contención, el seguimiento, el acompañamiento en todas las problemáticas sociales”, señaló.

Por otro lado, dijo que “es de trascendental importancia la incorporación en nuestro derecho positivo, el derecho a ser oído, es el que más repercusiones ha tenido en el ámbito judicial y administrativo, derecho que ya está siendo aplicado en el ámbito de nuestros tribunales y que implicó incorporar a la niña/o en todo proceso en el que esté implicado su interés”.

Otro aspecto que resaltó “es el protagonismo que la ley asigna a la familia, tanto a la de origen como a la ampliada para la efectiva defensa y protección de los derechos de las niñas/os y el rol del Estado como garante de esos Derechos. Es decir es el Estado el obligado a adoptar todas las medidas que se encuentren a su alcance (administrativas, legales, judiciales) con el fin de brindar a los padres/ familia, todas las herramientas necesarias para que ellas puedan cumplir con el cuidado de sus hijos”.

“Esta ley destituye la práctica de institucionalizar a las niñas/, que ha demostrado quedar en muchos casos lejos de lograr su resocialización. Esta ley es muy ansiada por la comunidad, algunos de sus postulados ya se vienen aplicando, el desafío de nuestra provincia es enorme ya que esta ley pone en discusión temas muy sentidos como la institucionalización de los niños, la judicialización de la pobreza, la estigmatización de las familias en crisis, los llamados ‘menores en riesgo‘. Esta ley, que desjudicializa la niñez, obliga al Poder Administrador a asumir su responsabilidad ineludible de elaborar políticas públicas y disponer de recursos efectivos. Asimismo, debe contener mecanismos de exigibilidad para que sea efectiva”, reclamó.

Giorgis recordó que, en oportunidad del tratamiento del presupuesto, el propio Ministro de Bienestar Social, Gustavo Fernández Mendía, reconoció la falta de profesionales y que hay temas que le sobrepasan. “Nosotros sostenemos que este Presupuesto 2013 y los subsiguientes deben mejorar la asignación de personal en áreas vitales contenidas en Bienestar Social. Insistiremos a todos los niveles en este aspecto de los recursos humanos, en la garantización de todos los equipos técnicos y profesionales Todos sabemos que el combustible, el teléfono, el papel se pueden conseguir con facilidad pero los recursos humanos en esta temática son fundamentales. Hablamos de psicólogos, psicopedagogos, asistentes sociales, terapistas ocupacionales, operadores comunitarios, acompañantes domiciliarios, entre otros”, precisó.

Destacó, en cambio, “que se haya podido incorporar en materia presupuestaria en el texto de esta ley un concepto que no estaba inicialmente que dispone la intangibilidad de los fondos destinados para este fin. Un aspecto también reclamado por las organizaciones vinculadas a la temática”.

“Es cierto que esta Ley no cambia de hoy para mañana las políticas públicas, pero no es menos cierto que también será una trinchera, será una herramienta de lucha importante para exigir que esas políticas se concreten”, enfatizó.

Sofía

Finalmente, Giorgis mencionó el caso Sofía Viale y Carla Figueroa. “Como puede decir con tanto desparpajo uno de los responsables por lo diarios que se va a jubilar, que era lo mismo si investigaba la INTERPOL porque la niña estaba muerta desde el primer momento. Primero que hubiéramos evitado la violación siguiente. Pero además acá no se trata de INTERPOL, se trata de tener sentido común: si dejamos una hiena suelta en una ciudad y esa hiena se come 40 personas después no podemos decir que la culpa la tiene solamente la hiena que seguramente será encerrada de por vida. La responsabilidad la tuvieron también los que dejaron suelta a la hiena. Este es el marco en el que estamos en la provincia”, concluyó.