Las sugerencias de la UMP, la fuerza gubernamental, van desde prohibir cualquier actividad religiosa en las calles que no hayan recibido aprobación oficial, hasta autorizar a las empresas a negar cualquier reconocimiento a los valores religiosos de sus empleados (feriados, costumbres alimenticias, relación entre el género masculino y el femenino), excepto, claro, si lo negociaron desde un inicio y lo pusieron por escrito en el contrato. El sarkozysmo presentó públicamente el debate como una “clarificación” de la ley de 1905 que establece una república laica. Sin embargo, no es necesario leer entre líneas para identificar al objetivo inmediato del nuevo proyecto oficial.

“A pesar de que la Europa secular había casi olvidado la cuestión religiosa, el desarrollo del Islam la vuelve a colocar en el orden del día”, explicó en el texto difundido el martes pasado, que abrió una batalla inédita en el corazón de la fuerza gobernante. La situación religiosa francesa se puede describir de varias maneras. Se puede recordar que la gran mayoría de los franceses son católicos –el 65%, según un sondeo de hace cinco años– y apenas el 6% profesa el Islam; o también se puede destacar que mientras la mayoría de las iglesias católicas de las grandes ciudades están prácticamente vacías durante la semana y los domingos, los viernes las pocas mezquitas que las autoridades francesas autorizaron construir rebalsan de fieles.

Cuando Marine Le Pen condenó los rezos en las calles mencionó el barrio parisino de La Goutte d’Or, cerca del turístico Sagrado Corazón. Lo que no dijo es que la mezquita de ese barrio, donde viven miles de inmigrantes del Magreb, estaba cerrada por remodelación. El nuevo proyecto del gobierno, que se parece mucho a una enumeración de promesas electorales para las presidenciales de 2012, propone endurecer aun más los requisitos para la construcción de los lugares de culto. El principal interés, según indica el texto, es separar al “Islam de Francia (...) de las influencias extranjeras”.

Además de nacionalizar el Islam –el secretario general de la UMP François Copé llegó a reclamar que los sermones en las mezquitas se den en francés–, el objetivo del oficialismo es hacerlo invisible, tanto en los edificios públicos, como en las empresas. “Proponemos extender las exigencias de neutralidad y laicismo a los colaboradores ocasionales del servicio público”, por ejemplo, los padres que acompañan o ayudan en un evento especial en las escuelas públicas o los miembros del jurado en un juicio. La “neutralidad” también debe extenderse al mundo empresarial, según el proyecto. “Son limitaciones necesarias y proporcionales al fin de una buena ejecución del contrato de trabajo”, sostiene la fuerza que lidera Sarkozy.

Cita tres ejemplos: un empleado que se niega a una visita médica reglamentaria, un trabajador que pide un reembolso ya que no puede consumir la comida que provee el comedor de la empresa y, finalmente, un empleado de una carnicería que se niega a manipular carne de cerdo.

Actualmente, el Código Laboral francés protege a los trabajadores en estos aspectos. <