La norma busca declara a la telefonía móvil “en todas sus modalidades” como servicio público, dejándola bajo el amparo del artículo 42 de la Constitución Nacional. Se describe a la telefonía móvil como “la transferencia de información y datos en todas sus modalidades, ya sean comunicaciones de voz, mensajes de texto, imágenes, utilización de redes sociales, conversaciones a través de texto, uso de internet y toda otra modalidad que signifique la emisión y/o recepción de información y datos a través del servicio de telefonía móvil”.

La nueva ley mantiene la figura de la Comisión Nacional de Comunicaciones y la Secretaria de Comunicación de la Nación como encargadas de llevar adelante la aplicación de la misma.

En este sentido, la CNC será la responsable de garantizar prestación del servicio en todas las modalidades dentro del territorio nacional estableciendo un cuadro tarifario acorde, sin diferenciar las modalidades de prepago y pos pago. Además establece claramente que el cobro de las llamadas será facturado desde el minuto en que se establece la misma, y “bajo ningún aspecto” previamente ni durante el establecimiento de ella. Tampoco se podrá cobrar el tiempo de espera en la comunicación cuando las compañías sean diferenciadas. "Hoy es imposible saber, por ejemplo, que empresa tiene un mejor precio. Usted va a cargar nafta y sabe que YPF vende el litro a tal precio, y así pasa con todas, cargue un litro o llene el tanque, cuesta lo mismo. Con las empresas de celulares es un misterio y eso perjudica al usuario" -destacó Das Neves. "Con esto se terminan las avivadas."

Dentro de su articulado, el proyecto del exgobernador también busca que los minutos excedentes del servicio contratado, tengan una vigencia mínima de tres meses y que el plan contratado no podrá modificarse sin previa autorización del usuario atendiendo que el mismo “podrá rescindir el contrato sin penalidad alguna en caso de no estar conforme con las nuevas condiciones del mismo”.

Las compañías de telefonía móvil deberán garantizar que “el servicio sea prestado en condiciones de regularidad, continuidad, igualdad de acceso, adecuada calidad, uniformidad, universalidad, adaptación tecnológica, protección de la salud y el medio ambiente y razonabilidad en las tarifas.”

Das Neves también incluye la continuidad de la norma que establece la portabilidad numérica e intima a las compañías de brindan los servicios a llevar adelante campañas publicitarias que brinden información clara, actualizada y real. Los cuadros tarifarios también deberán ser consensuados mediante audiencia pública con un mínimo de 60 días de anticipación.

Fundamentos

Dentro de los fundamentos, el diputado Das Neves menciona que “los principales reclamos que corresponden a la telefonía celular tienen que ver con cambios de planes sin consulta, cobros indebidos, aumentos de tarifas y trabas burocráticas a la hora de realizar cualquier reclamo dentro de una compañía”.

Considera además que “el sector de la telefonía móvil sigue siendo un oligopolio privado perfecto en donde solo hay tres compañías que no compiten entre sí”, e insiste en considerar al servicio como un “derecho garantizado para todos los ciudadanos”.

Las tarifas deberán ser “justas, razonables y cubrir los costos de exploración y desarrollo del servicio” agrega Das Neves como parte de la fundamentación.

“En la medida en la que los servicios públicos constituyen un factor de desarrollo social y económico, el Estado debe garantizar el acceso de los distintos grupos sociales a los mismos” remarca el diputado como fundamento, e insiste en “garantizar a los usuarios que los servicios tengan continuidad, neutralidad, adaptación y que las empresas no se abusen de las tarifas que perciben e inviertan en áreas más aisladas” parte de los reclamos más comunes por parte de los usuarios.

Por último, el proyecto destaca que “el servicio de telefonía móvil ha dejado de ser solo para determinados sectores de la sociedad” y que ahora pasó a “convertirse en un servicio cuyo acceso se considera fundamental”.