Con la reciente modificación de la Ley 2600, la Provincia cobrará a empresas potencialmente contaminantes por su inscripción en los registros oficiales y también por cada trámite en Ambiente.
Las tarifas que se crearon complementan a la tasa de control ambiental, que se venía cobrando desde hace tres años a través del artículo 13 de la Ley 2600. Los nuevos conceptos que se arancelan son las inspecciones a las empresas, los estudios de impacto ambiental y las inscripciones en los tres registros estatales: el de generadores, el de transportistas y el de tratadores de residuos especiales.
Por cada inscripción, se cobrarán de 2.700 a 27.000 pesos, según la capacidad de la empresa. Además, las firmas inscriptas deberán pagar anualmente la mitad de esos montos como renovación en el registro. Por cada evaluación ambiental que hagan los técnicos provinciales, se percibirán entre 2.700 y 6.700 pesos. Y cada inspección del Estado le costará a las compañías unos 6 mil pesos en adelante, según los kilómetros recorridos y la duración del operativo.
Esos montos se actualizarán todos los años porque se tomó como referencia el valor IUS, un módulo para cobros judiciales que equivale al 1% del salario de un juez de primera instancia.
Esquivel explicó que otras provincias del país ya cobraban este tipo de tasas con valores similares a los que aplicará Neuquén. Estimó que, tomando como parámetro la cantidad de trámites de 2012, esperan recaudar “más de 2,5 millones de pesos” por año, que se usarán principalmente para adquirir equipos de última tecnología en control ambiental.
“La Ley 2600 era solamente para la actividad hidrocarburífera, pero en la parte ambiental de los residuos y demás no se cobraba nada, por eso vimos que conviene cobrar una matrícula anual y con esos fondos solventar los gastos de los técnicos”, indicó. A grandes rasgos, de las empresas potencialmente contaminantes que monitorea la secretaría, la mitad pertenece al sector petrolero y el resto se divide entre jugueras, mataderos, emprendimientos agrarios, minería y otros rubros.
Sin embargo, Esquivel recalcó que con la nueva ley “nuestro objetivo central es controlar el desarrollo que se va a llevar adelante en hidrocarburos no convencionales, y con mayor foco en el área de Loma La Lata Norte y Loma Campana, porque esa región es la que congrega un futuro de desarrollo y expansión en no convencionales”. Añadió que tanto los equipos que se compraron recientemente para medir gases y químicos en el agua como los que se proyectan adquirir en el futuro se seleccionan con este criterio de focalizarse en Vaca Muerta.
Si bien varios municipios neuquinos con actividad petrolera ya cobran tasas comerciales y de seguridad e higiene a las empresas, Esquivel aclaró que los aranceles que aplicará la provincia “son algo distinto, no se superponen”.
Los gobiernos comunales no participarán del cobro de estas tarifas, aunque sí se beneficiarán con un 80% de lo que se recaude con las multas por contaminación.
Las nuevas tasas, así como el incremento de las multas, servirán también para fortalecer el funcionamiento de la Secretaría de Ambiente, que subió de jerarquía a principios de este año.
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