Pocas horas después de que el gobernador Juan Schiaretti asegurara que ninguna ciudad iba a recibir una sola máquina tragamonedas más si antes no lo avalaba su intendente, se conoció que la empresa Cet desembarcó, sin avisar ni pedir autorización, 68 slots más en Río Cuarto, cuyo municipio es el único que inició hace dos años una ofensiva pública y judicial contra el grupo Roggio y que expresamente planteó su decisión política de erradicar un negocio que, desde diciembre de 2003, se ha llevado 205 millones de pesos.
Es muy probable que Cet haya instalado las máquinas en la costanera antes de que Schiaretti hiciera sus declaraciones, pero, ante la sociedad, el discurso del gobernador y el acto empresario que lo negaba aparecieron de manera concominante y, por lo tanto, la acción del grupo Roggio terminó imponiéndose por sobre una promesa pública del gobernador.
El oficialismo y la oposición de Río Cuarto, que rara vez se ponen de acuerdo en algo, esta vez ha-bían coincidido en tratar de frenar lo que se veía venir: la instalación de más tragamonedas, a partir de la decisión de Lotería de Córdoba de ampliar en un 63 por ciento el universo de tragamonedas que hoy está desperdigado por la provincia.
Lo que nadie sospechaba era que esas máquinas que en teoría iban a venir en realidad ya estaban operando desde algún momento indefinido entre abril de 2010 y enero de 2011.
La decisión de la subsidiaria del grupo Roggio sólo puede entenderse como una provocación. Porque Río Cuarto aprobó en 2009 que, desde el 15 de mayo de ese año, las tragamonedas, que hasta ese momento habían facturado durante las 24 horas, iban a tener un límite. Por los efectos demoledores que estaba generando en un sector de la población, la sala estaría operativa entre 14 y 15 horas por día. Pero, desde entonces, Cet no sólo desconoció la autoridad de Río Cuarto para ponerle una restricción y llevó el caso al Tribunal Superior sino que, además, le impuso a la ciudad un 32 por ciento más de máquinas, con lo cual incrementó un 25 por ciento su facturación. Es decir, en vez de atenuarse, los efectos negativos se agudizaron y las slots siguen batiendo récords de ingresos.
¿Qué podrá hacer la dirigencia de Río Cuarto ante el hecho consumado de la instalación de 68 máquinas más? Tal como se muestra el panorama político y judicial de la provincia, las posibilidades de que la ciudad imponga su criterio son casi nulas.
La expansión de la cantidad de slots fue aprobada por ley provincial en 2008; desde entonces, el grupo Roggio estaba autorizado a agrandar su negocio en un 63 por ciento y llevar la cantidad de tragamonedas de 3.300 a 5.400. En los dos años posteriores sólo distribuyó 300 de las 2.100 nuevas máquinas. Y, tal como ha constatado el Edecom, casi el 23% de esa ampliación tuvo como destino Río Cuarto.
La prepotencia de Cet puede explicarse por la existencia de un cóctel infalible: poder económico -Roggio es uno de los grupos empresarios más importantes del país-, más poder político -desde su instalación, el gobierno provincial, primero de José Manuel de la Sota y ahora de Schiaretti, ha funcionado en tándem con la empresa concesionaria del juego-, más poder judicial.
Este último ingrediente del cóctel merece una mención especial: el Tribunal Superior de Justicia se apuró a emitir el 15 de mayo de 2009 una medida pre-cautelar para impedir que se aplicara el artículo 2º de la ordenanza 262 que le imponía un tope horario a las tragamonedas. Pero no ha tenido la misma urgencia para definir la cuestión de fondo y establecer si un municipio tiene la facultad de tratar de preservar la salud de su población o si está por encima el interés económico de una empresa que no ha puesto en marcha una actividad industrial, productiva o de riesgo sino que se beneficia con un mercado cautivo conformado por personas de recursos medio-bajos.
El mismo reproche cabe, por ejemplo, en el caso de la ex oleaginosa Río Cuarto. La Justicia provincial, ya castigada en su imagen por casos emplemáticos e impunes como el de Nora Dalmasso, Ale Flores y Nicolás Sabena, ignoró durante 11 meses la existencia de un posible foco de contaminación peligrosa y recién después se declaró incompetente. Ese comportamiento marca un absoluto desapego por sus obligaciones más elementales: porque nadie le pide a la Justicia que se comporte siguiendo el humor de la gente o el curso de la presión política, sino simplemente que actúe. Por ejemplo, en el caso de la aceitera bastaba con realizar los exámenes que en solamente una semana ordenó hacer el fuero federal.
En cuanto a las tragamonedas, es impensable que la Justicia cordobesa le ponga un freno a la expansión. Porque, aun si hubiera jueces valientes que planten bandera ante Roggio, la legislación aprobada para la concesión del negocio ha sido pensada con tanto detenimiento que deja ínfimos resquicios a los municipios que buscan defenderse. Ni siquiera pueden aumentar en medio punto los impuestos que Cet debe pagar por explotar una actividad que deja ganancias tan abultadas.
Y si bien es verdad que Río Cuarto ha iniciado una ofensiva contra el juego, hay elementos que generan dudas. Por ejemplo, la ordenanza 262, que fue atacada por Roggio, ha sido suspendida solamente en su artículo 2º. El resto del contenido, que, según se dijo desde el Concejo Deliberante, prohibía la llegada de más tragamonedas, está en vigencia. Sin embargo, lo que en realidad postula el artículo 1º es que no podrán abrirse nuevas salas de juego en el ejido urbano pero no le impide a Cet agregar slots en su complejo de la costanera.
O fue una ingenuidad o públicamente se divulgó una afirmación falaz al hacer creer que la ordenanza era más jugada y valiente de lo que es en realidad.
En las escasas oportunidades en que dio la cara, la empresa del grupo Roggio planteó que los casinos son usados por un público adulto, que tiene la libertad de decidir qué hace con su dinero. Es un argumento atendible pero que olvida una parte de la verdad: que al menos en Río Cuarto no se cumple el precepto original del contrato con la Provincia que apuntaba a ofrecer una atracción turística; en esta ciudad el universo de clientes de Cet está conformado, en su mayoría, por personas de bajos ingresos que buscan en el juego, cándidamente, la posibilidad de encontrar una vía de escape a su vida de estrecheces. Aquí no es un divertimento de fin de semana sino una trampa.
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