Un verdadero escándalo se desató en Necochea luego de que organizaciones ambientalistas locales denunciaron el inicio ilegal de obras en el emblemático Parque Miguel Lillo por parte del Club Villa Díaz Vélez para la construcción de 8 canchas de tenis y un multi espacio con un gimnasio privado.

Lo que sucede es que la Municipalidad a través de un decreto del intendente Arturo Rojas y el secretario de Gobierno Jorge Martínez (actual concejal electo), aprobó canjear terrenos de una concesión de un club en el parque por otros en los que funciona una Dependencia Municipal, como es el vivero.

Asó, la Municipalidad cedería parte de sus terrenos a un club que tiene un desarrollador privado. Todo ello violando abiertamente la ley y a contramano de los procedimientos y normativas vigentes. La iniciativa impulsada por el concejal oficialista Guillermo Sánchez ya fue aprobada en el Concejo Deliberante. 

Según declaró el propio concejal tras la sesión y con tono proselitista, se realizaría una inversión de 100 millones de pesos que contaría con "la construcción de 8 canchas de tenis, un gimnasio, un sector de recuperación deportiva y kinesiológica, un SUM para actividades comunitarias y una confitería".

De acuerdo a lo que informó el medio local Cuatro Vientos, la agrupación "El Parque No Se Vende" interpuso un recurso de amparo. "El artículo 60 de la ley 6912 dice claramente que 'se prohibe la modificación del destino de las áreas públicas'", señaló la ingeniera Susana Laborde, presidente de esa asociación civil.

"Las áreas verdes libres públicas no pueden cambiar de destino, con lo cual lo que están haciendo es ilegal directamente", remarcó la ingeniera. Además, los terrenos que se "intercambiaban" fueron aceptados por la municipalidad por medio de una ordenanza cuando las tierras aún estaban bajo la órbita de gobierno en La Plata. 

A pesar de las evidentes irregularidades, el 14 de septiembre el intendente Rojas y el secretario de Gobierno Jorge Martínez pusieron su firma al decreto 2589 para promulgar la ordenanza (Nº 10.556/21). En el decreto se deja constancia que la ordenanza autoriza al club en el marco de una "cesión en concesión de uso".

Desde la ONG socioambiental El Parque No Se Vende estudian a la posibilidad de denunciar penalmente a las autoridades en la justicia ."El municipio está destruyendo patrimonio público: está provocando daños y ese daño es penal, está penalizado por el Código Civil así que tendrán que hacerse cargo", advirtieron.