El Ministerio Público necesita 23 fiscales de primera instancia para poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal, es decir nueve más de los que hay en la actualidad. Así se desprende del proyecto de ley que el fiscal general, José Gerez, remitió al Tribunal Superior de Justicia. El fiscal general deberá presentar un informe anual de su gestión ante la Legislatura.

Otro aspecto novedoso es la creación de una "asamblea de fiscales", un órgano "participativo y democrático" que reúne a todos los funcionarios "sin distinción de jerarquías". Se reunirá al menos una vez al año para debatir, entre otras cuestiones, "políticas de persecución penal relacionadas con el delito, el victimario y la víctima".

El proyecto será analizado por los vocales del Tribunal Superior de Justicia, quienes podrán hacerle modificaciones antes de remitirlo a la Legislatura.

Forma parte de un paquete más amplio de leyes, indispensables para poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal que entrará en vigencia el año que viene. Las otras normativas son la ley orgánica del Poder Judicial, la ley del Ministerio Público de la Defensa y la nueva ley orgánica de la Policía.

Las fiscalías diseñadas por el proyecto que presentó Gerez diferencia los "fiscales jefes" de los "fiscales del caso". Los primeros son los actuales fiscales de cámara. Tendrán entre otras atribuciones "centralizar la información con fines investigativos" y sólo actuarán "en los juicios por jurados". El peso de realizar la investigación y acudir a las audiencias y juicios orales recaerá sobre los actuales fiscales de primera instancia.

Estarán especializados en: delitos violentos contra las personas, delitos patrimoniales, delitos sexuales y violencia de género, delitos juveniles, persecución penal estratégica y otros delitos. Serán necesarios 23 en toda la provincia, 14 de ellos con asiento en Neuquén capital.