Los términos de la discusión por el ajuste de los salarios de los 600 mil empleados del Estado bonaerense comienzan a definirse. Y a ingresar en una durísima pulseada, en la que están en juego entre casi 13 mil millones y 19 mil millones de pesos al año. Los gremios sostienen que con un aumento de ese orden sólo cubrirían el desgaste que la inflación provoca en los ingresos de los trabajadores. Y el gobierno provincial advierte que no podría afrontar ese incremento del gasto, ya no por no tener recursos genuinos para afrontarlo, sino porque se complicaría fuertemente encontrar fuentes de financiamiento.

Aunque no hubo hasta ahora pedidos ni ofertas de aumento salarial taxativos y formales, la pretensión de máxima quedó determinada por la demanda que sí formalizaron los gremios docentes a nivel nacional: 30% de incremento.

La definición de esa paritaria funciona como la pauta que históricamente siguen luego los sindicatos docentes bonaerenses. Y la mejora que ellos obtienen es, a su vez, la que reclama el resto de los estatales de la Provincia, desde los empleados de la Administración nucleados en el régimen de la ley 10.430 a los de organismos descentralizados y del Poder Judicial.

La Administración Scioli, por su lado, aspira a que el aumento salarial global no supere el 20%; un “techo” que también buscará imponer la Administración Kirchner para las negociaciones de las distintas ramas de actividad del sector privado, generando ya anticipados y duros rechazos sindicales que pronostican un tiempo de protestas y medidas de fuerza.

¿Qué incidencia tendrían esos niveles de aumento sobre el Presupuesto de la Provincia?

En el Presupuesto de este año, se previó para “Remuneraciones” una partida de 63.178 millones de pesos, que representan el 45,4% del gasto total calculado (139 mil millones).

Por lo tanto, una mejora de mínima del 20% como pretende acordar el gobierno implicaría un incremento anual del gasto en salarios de 12.600 millones de pesos, llevándolo a un total de 75.800 millones. Y un ajuste de máxima del 30% como plantean los docentes nacionales generaría un “plus” del gasto de casi 19.000 millones que elevaría la erogación total en sueldos a unos 82.000 millones de pesos.

Es que cada punto de aumento salarial significa unos 650 millones de pesos anuales más.

En este contexto, ya se ha comenzado a evaluar la posibilidad de un acuerdo que podría pasar por “partir” la distancia entre las pretensiones de unos y otros, con un aumento que rondara el 25%, que, además, es el índice de inflación “real” en el que coinciden consultoras privadas y empresarios.

De hecho, varios gremios estatales han dejado trascender en los últimos días que el 25 sería el porcentaje que finalmente “pelearían” y por el que podrían suscribir un acuerdo.

Ese nivel ubicaría, entonces, el mayor gasto en Remuneraciones de la Provincia en torno de los 16.000 millones de pesos anuales, y elevaría el costo total del rubro a 79.000 millones de pesos.

NUMEROS QUE NO CIERRAN

Pero en el gabinete de Scioli, si bien reconocen que un aumento del 25% facilitaría un acuerdo que evitaría protestas y paros -y en el caso de los docentes, permitiría comenzar las clases en la fecha prevista-, sostienen que la Administración no estaría en condiciones de afrontar esa mayor erogación.

Ocurre que el Presupuesto de este año prevé una necesidad de financiamiento (toma de préstamos) para cubrir el funcionamiento del aparato estatal y pagar los vencimientos de deudas de casi 20.000 millones de pesos. Y a ello habrá que sumar la toma de nueva deuda por unos 16.000 millones si el aumento salarial finalmente se pacta en torno del 25%.

El pago de sueldos demandaría unos 79.000 millones, sobre un gasto total de 155.000 millones

Los especialistas coinciden en esto con los funcionarios: aparece como muy difícil que el Estado bonaerense pueda tomar prestados en el mercado interno unos 36.000 millones de pesos en el año, al margen de que debería pagar tasas de interés muy elevadas, como las que ya viene afrontando (superiores al 15% anual, cuando Bolivia, por caso, consigue financiamiento en el mercado internacional -virtualmente cerrado para la Argentina y por ende para la Provincia- al 4%).

Tampoco parece posible reducir drásticamente el resto de los gastos previstos en el Presupuesto. Los analistas señalan que es “un cálculo muy ajustado, que contempla sólo las erogaciones esenciales para la prestación de los servicios de Educación, Salud, Seguridad y Justicia, y prevé un nivel mínimo de obra pública”.

Es en el marco de la combinación de estas variables que el gobierno bonaerense decidió profundizar el reclamo para que la Provincia reciba un porcentaje mayor del que tiene en el reparto de recursos nacionales. En principio, pide una reforma del sistema general de coparticipación de los impuestos nacionales. Pero, ante las dificultades políticas que enfrentaría una modificación de ese régimen -que exige que se pongan de acuerdo en los nuevos índices de reparto los gobiernos de la Nación y de las 23 provincias- impulsará una reforma en el reparto del Fondo del Conurbano. Sin embargo, en las últimas horas este objetivo se topó con durísimos rechazos de dirigentes del ultrakirchnerismo que suelen expresar las posturas de la Presidenta.