Justificó su postura en que "la violación sistemática de los derechos fundamentales de las personas y de los pueblos durante la última dictadura militar no debe quedar sin condena, ya que la impunidad de los crímenes de lesa humanidad llevaría a una situación de descomposición social".

"Por ello, los estados que por acción u omisión limitan o anulan las garantías constitucionales para facilitar la barbarie contra la humanidad con el fin de lograr o consolidar el ejercicio del poder de manera autoritaria, tienen la obligación institucional ante la comunidad internacional de sancionar y hacer cumplir normas reparatorias de las víctimas. Ese es el camino recorrido por el Estado argentino, que una vez recuperada la democracia, tomó la decisión de enjuiciar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad y dar a conocer el sistema de terror implementado contra quienes pensaban distinto", dijo.

"Aquellos que insistimos en la necesidad de alcanzar la verdad y hacer cumplir la justicia, lo hacemos convencidos que al proseguir con los procesos judiciales y condenar a los culpables de delitos contra los derechos humanos, es una manera de no olvidar todo lo que significó el terrorismo de estado en Argentina. Porque los pueblos que se olvidan de sus desgracias no tienen futuro", planteó finalmente.