Agregó además que: “Desde la UCR y organizaciones medioambientales locales venimos insistiendo con la premisa de que nadie puede tomar una decisión respecto de un tema tan trascendental sin considerar para ello la opinión de los propios ciudadanos. Pero lamentablemente, se ha intentado instalar la idea de que esta es una puja de carácter político entre el gobierno y la oposición”.

“En este contexto, es una bocanada de aire fresco y una garantía de transparencia en el debate el hecho de que la iglesia, a través del obispo firmando el petitorio para realizar una consulta popular, se exprese y de su aporte para dar una discusión seria sobre los alcances y consecuencias de la instalación de la firma Dioxitek SA en nuestra provincia. En este asunto es fundamental que desde todos los sectores se fomenten la participación y la concientización ciudadana. Porque un tema de estas características, que puede tener consecuencias sobre el ambiente, la salud y el bienestar de todos los formoseños, no está supeditado a una puja política”.

“No debemos caer en la trampa de creer que esto es un Boca - River, que es una disputa que involucra únicamente al gobierno y la oposición. La participación de la iglesia en el debate nos ayuda a sacarlo de este eje de unos contra otros, recordándonos que hay otros actores involucrados, y que lo que está en juego son derechos humanos fundamentales”.

“Dioxitek es una firma que fue rechazada en todos los municipios del país en donde pretendió instalarse. Esto se logró gracias a la acción y decisión de los ciudadanos y de los órganos locales que fueron fundamentales para detener su avance”.

Dijo también que: “En Despeñaderos, provincia de Córdoba, se conformó una organización no gubernamental llamada “Por nuestros hijos”, y fue esa participación colectiva la que evito su instalación. Más tarde el municipio de San Rafael, Mendoza, rechazó la instalación. En La Rioja el Concejo Deliberante prohibió por ordenanza la localización de ese tipo de planta, mientras que en Río Tercero y Embalse, se presentaron amparos”. 

“Más allá de los motivos particulares que influyeron en cada caso, en todas estas ciudades los vecinos dejaron de lado los colores políticos, y en función de los antecedentes de Dioxitek, priorizaron el bienestar general por sobre el eventual provecho económico”.

“Tomando estos antecedentes como ejemplo, hoy en Formosa todos debemos involucrarnos y participar, ante tantas dudas e interrogantes que quedan sin resolver, y la necesidad tan clara de dar un debate serio al respecto”.

“Se han dicho muchas cosas. Que generará miles de puestos de trabajo, cuando la realidad nos muestra que en Córdoba tenían menos de 90 empleados. Se ha dicho que es una industria puramente química, cuando la propia Autoridad Regulatoria Nuclear, en respuesta a un pedido de informe que presente el 13 de marzo y me fue respondido el 17 del mismo mes, dice que la clasifica como una “instalación clase II del ciclo de combustible nuclear”. Se ha dicho que no genera daños al ambiente, cuando esta empresa nunca dio respuesta a los pasivos ambientales dejados en la ciudad de Córdoba. Se ha dicho que el emprendimiento no contamina, cuando en el 2004 el gerente de Dioxitek, Roberto Luque, manifestó a los medios cordobeses: “Volcamos uranio a las cloacas cada dos días... Hay alguna contaminación, pero hay que comparar el beneficio económico que brinda con los inconvenientes que genera...”. Se ha dicho que es una planta segura, cuando en realidad Dioxitek a lo largo de su historia protagonizó alarmantes incidentes, como la descarga de amoníaco de marzo del 2000, los incendios del 2001 y del 2009, y la defraudación al Estado nacional en el 2008. 

Además hay mucha información que no aparece. No aparece el convenio firmado entre la Comisión Nacional de Energía Atómica y la provincia de Formosa para la instalación de la planta. Tampoco sabemos si se cumplieron los requisitos establecidos por la Autoridad Regulatoria Nuclear para este tipo de instalaciones, y no sabemos si se realizó un estudio de impacto ambiental, como establece la Ley General de Ambiente, ni sus resultados”. 

Por otra parte aseguró que: “Y no debemos dejarnos engañar, porque desde las oficinas gubernamentales dicen que se va a escuchar a la gente en la audiencia pública, pero la realidad es que las audiencias públicas no son vinculantes. Puede que se escuche, pero si el gobierno ya tomo una decisión al respecto, va a avanzar. Para asegurar una verdadera participación de los ciudadanos es necesaria una consulta popular vinculante. Estoy convencido de que luego de recibir la información completa los vecinos de Formosa son plenamente capaces de decidir lo que es bueno para ellos, para sus hijos y sus nietos. Por esto reitero mi satisfacción de que la iglesia participe y se exprese respecto de este tema, velando por el bienestar de los formoseños y reivindicando su derecho a opinar sobre el mismo”.

“A modo de reflexión, quiero destacar que soy plenamente consciente de que las gestiones de gobierno se nutren de aciertos y errores, y cuando se dan estos últimos, lo importante es tener la grandeza de reconocerlos. La diferencia fundamental entre un gobernante y un verdadero estadista es la capacidad y la humildad de escuchar a su pueblo y de tomar decisiones para el hoy pensando en el mañana”.

“La decisión del gobernador de instalar esta planta que se rechazó en todos los municipios del país es un error político enorme, no es buena para el pueblo de Formosa”.