Las cuestiones de la propiedad inmueble siempre son un tema en Mar del Plata. Cualquiera podría decir que en todo el país tenemos el mismo problema, pero no es exactamente así. En este distrito, la crisis pasa por algo más específico: la escrituración, y la marca que dejan tras de sí estas grandes organizaciones, que generan un monopolio de poder en la concentración del acceso a la propiedad. Sí, es verdad que las deficiencias originales en las acciones de catastro dieron lugar a loteos superpuestos, sucesivas escrituras y, además, que ciertos sectores de la ciudad son particularmente caóticos a la hora de documentar el derecho a tales bienes. Acceder a la compra de una propiedad en Mar del Plata, siempre es un problema. No hablamos aquí únicamente de las dificultades crediticias que podrían ser consecuencia de cualquiera de los vaivenes económicos del país, ni de la desmesura en los requisitos que determinan el acceso al crédito para la compra de viviendas. A todo esto, se le suma la existencia de grandes corporaciones económicas que dominan el mercado inmobiliario y pueden decidir quién vive y quién muere. Literalmente.

Hace tiempo ya que este medio trató específicamente los delitos cometidos por una organización que se dedicaba a falsear los datos de pago de las expensas en un edifico de departamentos, de manera tal que una jubilada terminó con su única propiedad rematada por expensas impagas. Las intimaciones de pago nunca llegaron a su departamento, sino a otro piso.

Este medio contó también lo que quedó en evidencia cuando se reunieron, en una misma investigación, centenares de remates judiciales que habían sido controlados por la llamada Liga de Compradores. Fue allí que se pudo documentar la irregularidad, los maltratos físicos, las amenazas a viva voz, las acciones de los patovicas privados que intimidan a los posibles compradores, y mucho más. Pero, nadie había visto nada. Durante 20 años nadie vio nada. Ni jueces, ni fiscales, ni siquiera los integrantes del Colegio de Martilleros, que levantaban el martillo en medio de griteríos y de hasta objetos arrojados por el aire. La liga era un hecho que nadie parecía poder poner en jaque.

Barrio La Perla

El caso que nos ocupa puede ser un objeto más de esta discusión. Porque desde hace años, una mujer que perdió su derecho al 50% de una propiedad, Alejandra Villanueva, viene denunciando que la pasaron por encima. Que la estafaron. Que la hipoteca que le ejecutaron tiene ingredientes que no caben en ninguna cabeza. Y que hay alguien que armó una organización para quitarle su derecho de propiedad sobre una casa muy costosa, en el barrio de la Perla de Mar del Plata.

Específicamente, hablamos de la postal frente a la Plaza Pueyrredon, en calle Chacabuco al 3600, donde hoy funciona un Instituto de Música Privado. En el año 1999, tres abogados, Pablo Gentile, Guillermo Gentile y Diana Zabeo, hicieron un préstamo de 40.000 dólares a los copropietarios de esta casa: Rubén Buggia, Marcos Buggia y Alejandra Villanueva. Un contrato mutuo hipotecario, con el fin de cancelar otro crédito hipotecario anterior. El saldo, sería invertido en un comercio que los Buggia explotarían en la misma finca.

Pero no todos tenían el mismo derecho. Villanueva, que no residía en la casa, era dueña del preciado 50%, y cada uno de los Buggia, del 25%. Ella sólo se presentó a firmar, porque el dinero lo utilizarían quienes estaban habitando la casa, en la que había que hacer arreglos y pagar impuestos. Por eso, también se harían cargo del pago de las cuotas del préstamo obtenido. Ella no recibió uno sólo de los 40.000 dólares.

Pasó el tiempo, y la salud de la mujer se deterioró por aquellos años que no fueron fáciles para nadie. De hecho, su historia clínica dice que en 2001 sufrió una enfermedad psiquiátrica: depresión. Hubo un intento de suicidio, y una recomendación de internación. Por supuesto que, durante todo este tiempo, Alejandra no supervisaba el pago de las cuotas, que además no habían sido establecidas bajo su responsabilidad, sino de los Buggia.

Falta aclarar un detalle útil: Marcos Buggia había firmado la hipoteca como soltero, sin embargo, ya estaba casado con Analía Regalini. ¿Por qué lo haría?

La cuestión es que, en 2003, los tres prestamistas iniciaron la ejecución de la hipoteca. Dijeron que sólo habían recibido seis pagos de intereses, que luego se habían discontinuado. Todo cursaba en el Juzgado Civil 6. Pero en 2008, los tres acreedores decidieron regalarle la deuda, es decir el crédito, es decir el derecho a seguir adelante con la ejecución, a Juan José Regalini. Sí, el hermano de la cuñada que los Buggia habían ocultado. Los prestamistas Gentile, ahora, pasaban a ser sus abogados.

Ya en este momento, Villanueva se presenta en la justicia paraa denunciar que algo estaba sucediendo, que no podía ser que esto no llamara la atención de nadie. Ella pedía una rendición de cuentas: ¿Qué hicieron con la plata? ¿Por qué no pagaron las cuotas? ¿Por qué ni siquiera pagaron los servicios municipales? ¿Qué hicieron con el dinero que ingresaba por haber alquilado la planta baja sin su consentimiento?

Pero nadie en la justicia se mete con los abogados prestamistas que ejecutan propiedades costosas, ni siquiera con los que idean la manera de sacarse de encima a los copropietarios. De hecho, el expediente juntó tierra hasta 2012. En 2013, Marcos Buggia presentó la quiebra, y envió a los acreedores sobre las restantes partes de la propiedad. Allí es cuando Juan José Regalini, el dueño de la deuda ahora, le perdona la parte de la deuda a su cuñado Marcos, y continúa la acción contra los demás. En 2014, el juez del tribunal civil 6 embarga el 75% restante de la propiedad hipotecada.

Abrir los ojos

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, integrada por los jueces Ricardo Monterisi y Roberto Loustaunau, había dicho que eran demasiadas coincidencias. Que consideraba necesario hacer lugar al pedido de Villanueva, que era revocar la sentencia de primera instancia y obligar a Buggia a que, en un plazo de diez días, diera cuentas de lo que había pasado con la plata. Decía Monterisi que la coincidencia de apellidos entre la mujer de Buggia y el nuevo dueño de la deuda era lo suficientemente sugerente como para no pasarlo por alto.

Ya el fiscal Fernando Berlingeri en la Unidad de Delitos Económicos 10 había dicho que “las circunstancias eran poco claras, pero no por ello ilegales hasta el momento”. ¿Hasta cuándo no lo serán? Hasta que las consecuencias de la ejecución fueran, por supuesto, irreversibles.

Pero ahora, la fiscalía 10 sigue siendo de las que no ve nada. Dice Carlos David Bruna que no le llama demasiado la atención que Buggia hubiera ocultado su matrimonio con Analía Regalini, porque, total, el objetivo del documento firmado no era establecer el estado civil de los firmantes.

Archiva las actuaciones porque, para él, se terminó el tiempo de indagar demasiado lo que pasó. Hasta acá llegamos. Y agrega: “más allá de las circunstancias reseñadas, que dieron lugar a la apertura y continuidad de esta investigación, en ninguno de los procesos civiles estudiados y enunciados se evidencia la presentación de documentación falsa tendiente a engañar a los diferentes magistrados intervinientes, surgiendo de los mismos que todas las acciones realizadas por las partes lo fueron dentro del ámbito de los permitido por la ley, habiendo tenido siempre la Sra. Villanueva la posibilidad de ejercer sus derechos”.

Es decir, nadie vio nada. Por más que la Cámara de Apelaciones se desespere por aclarar que esto no puede ser. Por más que Villanueva quiera pagar los honorarios de los abogados que ejecutan las deudas municipales, en un intento infructuoso por no perder la casa. Bruna es de los que no ven nada.