En septiembre de este año, Martín Yeza, intendente de Pinamar, denunció ante el Consejo de la Magistratura de la provincia al fiscal Eduardo Elizarraga por mal desempeño e inacción ante las denuncias de usurpación de propiedades en su jurisdicción. La denuncia se daba en un escenario no ya de simple inacción, sino de connivencia directa con los delincuentes que llevaban adelante usurpaciones en el partido, causando una enorme inquietud entre los vecinos.

Los hechos que tomaron gran difusión en los medios ponen en foco a un sujeto ampliamente conocido en Mar del Plata entre la dirigencia política y los empresarios vinculados a la nocturnidad, y merecedor, en su momento, del rechazo de la Unión de Guardavidas Agremiados en su condición de titular de una sociedad que explotaba el balneario Abracadabra.

Pero su raid local comenzó mucho antes: en 2014, Marina Zuvic denunciaba que Rudy Ulloa transfería su firma «Súper Comunitario» a Mauricio Ríos, quien aparecía, en ese momento, como un modesto inversor en un negocio menor. De allí hasta aquí, el escándalo por la usurpación de la vivienda en Pinamar —cuestión sobre la que aún faltan exponer varios capítulos— Ríos, conocido como “Mauri”, abrió una parrilla en la ciudad, “Lo de Mauri”, al tiempo que explotaba Abracadabra y cultivaba amistades con importantes personalidades de la política.

Si bien es conocido por su relación con Rudy Ulloa —de allí su definición como “kirchnerista”—, sus relaciones se tornaron trasversales. Mucha noche, mucho champagne, y una creciente impunidad. Era la comidilla su relación con el ex jefe departamental Christian Marcozzi, quien puso un candado en su perfil de  Facebook personal en donde estaba publicada la imagen de él y Ríos pescando en gomón en Pinamar que ilustra esta columna: no pudieron quitarla de las redes.

Se los ve abrazados y felices. Mauricio Ríos luce las cadenas de oro que son una de sus características más conocidas, junto con el consumo de litros de champagne de alto precio. Marcozzi y Ríos se reconocían como “hermanos”. Esta relación difícilmente pueda escapar al conocimiento de otro Christian, Ritondo, el ex ministro de seguridad y, hoy, diputado nacional.

El caso de la vivienda usurpada en Cariló no debería quedar allí. Tal como relató la propietaria en marzo, al advertir que la propiedad estaba usurpada, fueron con todos los elementos a la fiscalía descentralizada de Pinamar y recibieron por respuesta que recurrieran a la vía civil. Pasaron meses hasta que se les franqueó el acceso a Pinamar, por la cuarentena. Al retornar, se encontraron con el escenario que ya se conoce. El fiscal que eludió sus deberes sólo dijo: “perdonen todos nos podemos equivocar”.

No es que no hay leyes en Argentina: las burlan, y construyen impunidad a la vista de todos.