“Lleva 22 años consecutivos como gobernador, en los que ha avasallado todas las instituciones; es una de las provincias más pobres y vive bajo el flagelo de la corrupción y el narcotráfico”, comienza diciendo.

“Recorrer ciudades, pueblos y rutas de esta provincia, una de las más pobres del país y comarca del narcotráfico, es toparse con enormes carteles en los que el gobernador Gildo Insfrán proclama en una frase que acompaña su foto, también enorme: “Todavía queda mucho por hacer”. Una invitación a que lo sigan votando”, continúa.

A veces, el calificativo de patrón es literal. “Este campo es de Insfrán, aunque figura a nombre de un testaferro. Tiene 25.000 hectáreas”, dice un productor rural de la zona frente a la tranquera de una estancia sobre la ruta nacional 11. Testimonios similares se oyen en toda la provincia, con decenas de propiedades atribuidas al gobernador y a su familia.

Imposible saber si es cierto, entre otras cosas, porque los funcionarios formoseños no están obligados a presentar declaración de bienes.

Insfrán, que no respondió los pedidos de entrevista de LA NACION, ganó su primera elección para gobernador en 1995, cuando era ferviente menemista. Logró un fallo amañado para poder aspirar a un nuevo mandato, y en el segundo período fue por más, fue por todo, al conseguir una reforma constitucional que consagró la reelección ilimitada. Desde entonces siempre gana con más del 70% de los votos.

Voces de los más diversos sectores van por el mismo lado cuando exponen las razones de este verdadero fenómeno de hegemonía política. Inteligente y trabajador incansable, el gobernador, apuntan, tiene a la provincia en un puño no sólo por haber reunido la suma del poder público, sino porque, reducida a su mínima expresión la actividad privada, acá todo el mundo vive del Estado. “Fue una política deliberada. Hasta hace 30 años Formosa era productivamente importante, generadora de recursos y empleos, especialmente en las zonas rurales. Era una provincia sustentable. De eso queda poco o nada. En un porcentaje absolutamente mayoritario se vive de un empleo público o de planes sociales”, dice el radical Ricardo Buryaile, ministro de Agroindustria de la Nación, el primer formoseño en integrar un gabinete presidencial.

Con una pobreza superior al 50% según estimaciones privadas (el gobierno habla de 20,3%), Formosa se ha convertido en el reino del asistencialismo.

Según la Anses, se distribuyen en la provincia unas 42.000 pensiones por invalidez, el 24% de la población económicamente activa. “Clientelismo político”, explican en el organismo.

El periodista gráfico y radial Diego Madoery, uno de los más reconocidos de la provincia, afirma que la fórmula de Insfrán es haber conseguido que todos dependan de él. “De hecho, desalienta públicamente las inversiones, la llegada de empresas, porque eso generaría empleos fuera de su alcance, gente que no le debería nada. Los que viven del Estado son, para él, voto cautivo.”

Otra rareza es que no pasa día sin que Insfrán critique al presidente Macri, mientras su provincia es una de las tres que reciben más fondos del gobierno nacional.

El dominio político de Insfrán resulta abrumador. Sin dejar resquicio alguno para el disenso, maneja el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, los órganos de control (a la Defensoría del Pueblo la llaman la “Defensoría del Gobierno”), los principales medios, colegios profesionales y hasta ONG, entidades deportivas y comparsas de carnaval. El Poder Judicial está totalmente subordinado al Ejecutivo. Cualquier posibilidad de autonomía terminó en marzo de 1999, cuando, bajo el cargo de “retardo de justicia” en una causa por un conflicto interno del PJ, el entonces presidente del Superior Tribunal (Corte Suprema), Carlos Gerardo González, fue llevado detenido y esposado por orden de un juez que respondía al gobernador.

Dos advertencias

Al llegar a la provincia, LA NACION recibió dos advertencias: tomar preferentemente agua mineral y cuidarse del aparato de inteligencia del gobierno. “Seguro que los van a estar siguiendo”, previnieron no menos de cinco personas. Un sábado, durante una reunión de caciques wichis y dirigentes políticos con el cronista en un local de la ciudad de Ingeniero Juárez, móviles policiales pasaban por la puerta, aminoraban o detenían la marcha y después se alejaban. Uno de los dirigentes salió a la vereda y volvió con la novedad: “Nos están filmando”.