Un informe elaborado por la secretaría de Política Económica de la Nación advierte que “la participación del comercio de materias primas en el total del comercio mundial pasó de un 23 por ciento a fines de los noventa a casi el 36 por ciento hasta antes del estallido de la crisis (del 2009)”.

En ese informe se plantea también que “si bien la evolución de los precios de los commodities contribuyó a revertir total o parcialmente el déficit externo de los países exportadores de materias primas, el aumento de los precios internacionales ejerció una influencia negativa por sus efectos sobre los precios internos”.

Las actuales medidas para contrarrestar el efecto del aumento de los precios internacionales de los alimentos en el mercado interno argentino podrían resultar insuficientes.

Por esta razón, desde el gobierno nacional se pretende implementar una batería de medidas que apuntan a varios objetivos: políticas para lograr mejoras en los términos de intercambio, medidas para estabilizar los ingresos de los exportadores, control de precios domésticos, impulso a la agregación de valor local y mayor acceso a recursos fiscales, entre otras.

El documento elaborado por la secretaría de Política Económica, explica que el ciclo de crecimiento de países emergentes como la Argentina en la última década también estuvo acompañado de un fenómeno de inflación importada o agflation (un aumento en el precio de los alimentos que se produce como resultado de un aumento de la demanda de productos de consumo humano: maíz, girasol, caña de azúcar, soja, trigo, carnes). Y explica: “La agflation ha afectado tanto a países exportadores netos de alimentos como así también a los importadores”. El documento concluye que, “en este contexto, Argentina debe elaborar un plan integral de seguridad alimentaria”.

Este plan de seguridad alimentaria (PSA) tendría como objetivo garantizar que los alimentos lleguen a la mesa de los argentinos en condiciones razonables de cantidad, calidad y precio. Con ese objetivo, se definirían cupos de granos, carne y leche para el mercado nacional. También se dividirá la comercialización en empresas exportadoras y de consumo local.

A la vez, se implementaría un sistema de subsidios, vía compensaciones, para los productos que se consuman en el país, proponiéndole al sector agropecuario un plan de crecimiento y diversificación de la producción.

Finalmente, el Poder Ejecutivo presentaría en el Congreso un proyecto de ley para implementar un nuevo esquema de derechos de exportación móviles.

De acuerdo al último informe de la FAO publicado la semana pasada, se estima que “para el año 2050 se duplicará el consumo de alimentos, resultado de un fuerte crecimiento demográfico y la mejora en las condiciones de vida de gran parte de los ciudadanos de Asia y Latinoamérica”.

El documento de este organismo dependiente de las Naciones Unidas señala que la oferta global difícilmente pueda equiparar la demanda esperada. Más del 90 por ciento de las tierras arables del planeta ya están sembradas, el calentamiento global está arruinando cosechas en distintos lugares del planeta y parte de los granos son utilizados para producir biodiésel ante la caída en las reservas de petróleo.

Las señales de alerta, como se ve, tienen la suficiente entidad como para que el gobierno nacional tome cartas en el asunto, a fin de evitar una escalada de precios a nivel local que nos ponga en la absurda situación de llegar a una crisis alimentaria interna, siendo el país uno de los principales productores de alimentos del mundo.