El gobierno nacional dispuso en los últimos días de diciembre un “auxilio financiero” para comunas de todo el país, pero mayoritamente de la provincia de Buenos Aires, por un monto total del orden de los 1.129 millones de pesos. Y los municipios, según se supo, utilizaron esos recursos para poder afrontar -en un marco de crónica estrechez financiera en muchos casos- los mayores gastos en Personal que registran a fin de año, cuando se juntan los pagos de sueldos y aguinaldo.

La concesión de esas asistencia a las comunas quedó plasmada en un decreto suscripto por la presidenta Cristina Kirchner y todos los ministros de su gabinete. Y abrió una polémica, en la medida que ese “auxilio” a los municipios se dio en el marco de una ampliación del Presupuesto nacional por unos 6 mil millones de pesos, la mayor parte de los cuales “salió” de las arcas de la Anses, el organismo que recauda los aportes previsionales y paga los haberes jubilatorios.

Pero además la Jefatura de Gabinete de la Presidencia salió a sumar elementos a la polémica cuando, pese a que en el decreto en cuestión se establece taxativamente una asistencia financiera a los municipios, la cartera que conduce Juan Manuel Abal Medina salió a desmentir aspectos de la medida y de la información que había trascendido al conocerse el decreto.

Las disposiciones de la polémica fueron establecidas en el decreto 2.609/12 firmado el 27 de diciembre pasado por, como se dijo, la Presidenta y los ministros, y publicado ayer en el Boletín Oficial de la Nación.

Allí se estableció una modificación del Presupuesto nacional, ampliándolo y reasignando partidas, tanto para atender gastos de la Administración federal como para dar asistencia a los municipios.

Así, en el texto del decreto publicado ayer se consignó que resultaba “urgente modificar los créditos para atender gastos no contemplados en el Presupuesto para facilitar el normal funcionamiento de la Administración Pública Nacional”.

Y al fundamentar la medida, se indicó que “es necesario establecer políticas y acciones de Estado que permitan fortalecer los niveles subnacionales de mayor descentralización, estableciendo las debidas facultades para poder implementar mecanismos de asistencia económica y financiera destinados a mejorar la eficacia, la capacidad de respuesta y el resultado de la gestión de parte de los gobiernos municipales”.

Tras señalar que la medida apuntó también a “evitar demoras” en esas acciones, se sostiene en el decreto que “sin una rápida respuesta, algunas jurisdicciones (municipales) podrían verse perjudicadas debido a la falta de las autorizaciones que se requieren para el normal desenvolvimiento de sus acciones, no pudiendo así atender los compromisos asumidos, corriendo el riesgo de paralizar el habitual y correcto funcionamiento del Estado y de no estar en condiciones de atender sueldos, salarios y pasividades”.

Concretamente, y con el evidente fin de evitar el colapso financiero de algunos distritos, en el decreto se faculta a la Jefatura de Gabinete de Ministros “a otorgar a los gobiernos municipales ayuda financiera para la ejecución de gastos correspondientes a las prestaciones de dichas jurisdicciones”.

interpretacion oficial

En tanto, la Jefatura de Gabinete salió por la tarde a negar algunas interpretaciones del decreto que indicaban que la asistencia a las comunas había ascendido a 6 mil millones de pesos (ver aparte), cuando lo fue de 1.129 millones, versiones que calificó de “disparatadas , infundadas e inexactas”.

Pero además la Jefatura de Gabinete negó términos expresos del decreto, al afirmar que la disposición “no incluye ninguna partida presupuestaria de transferencias a municipios ni que pueda ser destinada a tal fin”.