A los más de los 50 mil muertos de los últimos cinco años, víctimas de la guerra entre bandas de narcos y la represión oficial, se le suman en todo el país casi 25 mil secuestrados a los que se les perdió el rastro y a quienes nadie busca.
Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en todo México se perdió el rastro de por lo menos 24 mil personas.
En esa región, a la que México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) define como "zona de excepción", desapareció hace más de un mes Milynali Piña Pérez, una niña de 13 años, junto con tres primos y un tío. "Busco sola y sin ayuda", dijo Graciela Pérez, la madre de la chica, convencida de que la única forma de hallar a su hija y sus otros familiares es haciendo su propia búsqueda, "porque las autoridades no dan señales". Su hija, su hermano y tres sobrinos desaparecieron el 14 de agosto en Mante, cuando regresaban de un viaje a Estados Unidos. Ningún grupo pidió rescate por ellos. El Ministerio Público dice que la zona "es muy peligrosa" y por eso no va al lugar para recoger información. "Nada desaparece por arte de magia", dice la mujer, y aunque busca, se siente impotente ante la falta de resultados y de asistencia oficial.
"Ya hemos hecho todo y no logramos nada", señala tras enumerar las puertas que ha golpeado, desde la Presidencia de la República hasta la Fiscalía, pasando por el Consulado de Estados Unidos en Matamoros (su hija tiene nacionalidad estadounidense) y el FBI. A través de una foto que le mostraron los militares, intentó establecer si Milynali y sus familiares están entre los cadáveres hallados en una fosa clandestina en Xicoténcatl, en las cercanías de Mante.
Antes de que un cadáver vaya a la fosa común, las autoridades deben tomar muestras de ADN y elaborar un expediente con los datos de las víctimas y contrastarlos con las denuncias, pero eso no siempre se cumple, denunció Francisco Torres Landa, del MUCD. Pérez cree que los suyos fueron secuestrados por Los Zetas, que se valen de sus cautivos para extorsionar a las familias o usarlos para protegerse cuando son descubiertos por alguna partida militar.
"Todo esto ocurre sin que las autoridades hagan nada. Los ciudadanos no denuncian, temen por sus vidas, los comerciantes no permiten que en las vidrieras se peguen fotos de desaparecidos. Se respira el miedo en Tamaulipas", dijo la mujer. Ante las consultas, un vocero de la Fiscalía remite a las estadísticas del organismo, donde entre los delitos más comunes figuran robos a vehículos y a casas. Las desapariciones y los secuestros no aparecen en la lista de los diez delitos de mayor incidencia en un estado que, según Torres Landa, "está en emergencia". Si los agentes admiten que "no pueden hacer una investigación seria es porque se sienten tan indefensos que no están en condiciones de ejercer sus funciones, eso suena a un Estado fallido", agregó. La situación no es exclusiva de Tamaulipas, lo que "muestra que la estrategia del presidente Calderón de atacar en forma indiscriminada al crimen falló miserablemente", agregó Torres Landa. «
Efe
vocero de yosoy132 no aparece
El movimiento estudiantil mexicano Yosoy132 denunció ayer la desaparición de uno de sus miembros en Ensenada, una localidad de Baja California situada a 80 kilómetros de la frontera con EE UU. Según la organización, el 15 de septiembre se perdió el rastro de Aleph Jiménez, después de la represión lanzada contra una manifestación en la que se registraron al menos 19 detenciones.
El grupo denunció que, ese día, la Administración de Caminos y Puentes Federales presentó una denuncia contra el grupo a raíz de la toma de una casilla de peajes y "amenazó a nuestros compañeros", tras señalar que contaba con fotografías que permitían identificar a quienes participaron de la protesta. Los hechos, a los que se sumaron informaciones confidenciales que no divulgaron, les permiten suponer que el de Jiménez "es un caso de desaparición forzada", por el que responsabilizaron a las autoridades, entre ellas al gobernador del Estado.

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