Los referentes de la Asociación de Jubilados y Pensionados Municipales de Olavarría, su presidente José Musarra, el secretario general Carlos Hoffmann y el secretario de actas, Rubén Pinochi, estuvieron esta semana en el IPS donde les ofrecieron detalles de las gestiones realizadas para instrumentar el pago de haberes jubilatorios adeudados desde marzo de 2008 y que incluye aumentos del año 2009 y de 2010, según los montos otorgados al personal activo de la Municipalidad.

La información recibida de parte del organismo provincial no fue la que los dirigentes fueron a escuchar por lo que a su regreso resolvieron hacer público su malestar a través de un comunicado de prensa que difundieron este miércoles y donde se cuestiona sorpresivamente el Ejecutivo municipal.

En un primer ítem mencionó la Asociación que los aumentos de haberes se cobrarán a partir de la mensualidad de octubre, es decir los primeros días de noviembre pero, advirtieron, será “hacia el futuro, no otorgándose retroactividad alguna por aplicación del criterio de reconocimiento constitutivo, es decir que rige a partir de la fecha de la Resolución que reconoce los aumentos por los haberes retroactivos que corresponden, pero el IPS no los paga”, aseveró.

“Sólo queda el camino del reclamo judicial, pues la Fiscalía de Estado no reverá el criterio, haciéndolo declarativo como corresponde, desde la fecha de cada aumento a los activos”, indicó.

Si bien el resultado es eficaz para el futuro, “rompe las lógicas y legítimas expectativas de cobrar en equivalencia con los empleados activos, derivándose una inequidad evidente y la carencia de toda justicia”, señaló la entidad.

Finalmente, los argumentos se tornaron más duros y críticos con la gestión municipal.

“Esa inequidad e injusticia es un resultado de graves consecuencias, porque tiene connotación discriminatoria en dos sentidos: a) porque el jubilado municipal no participa en la formación del aumento de haberes, y b) porque le otorga aumento obligatorio y descarta a la mayoría sin ningún sentido o razón. Como primera conclusión, debemos decir como definición ya anticipada (manifestaciones hechas públicas) que la recategorización resultaría perjudicial para los haberes de los pasivos.

“Que la recategorización además de ser de mala gestión es ajena a los pasivos y que ha sido la causante de esta postergación inadmisible. Y finalmente esa desatención está provocada por la autoridad municipal que realizó la malhadada recategorización sin ninguna previsión de anticipo al IPS, consumiendo todo un tiempo inútil en perjuicio de los jubilados, que encima, además de ser ajena terminó haciéndoles perder haberes durante 2 años.

“Lamentando tener el deber de decir la verdad y exhortando a los compañeros jubilados a tomar conciencia del trance dañoso que se nos propició gratuitamente, concluimos en que continuaremos bregando por el derecho tan ilegítimamente concebido. Lamentablemente, la historia se repitió.

“Aquella vez, el triunfo de los jubilados dio como resultado la creación de esta Asociación. Hoy, después de 23 años, nuevamente hemos sido postergados, pero igual que en aquella oportunidad, la fuerza de la Ley impondrá la justicia de nuestros derechos”, cerró.