RÍO CUARTO - VILLA CARLOS PAZ- SAN FRANCISCO - JESÚS MARÍA- DEÁN FUNES - Como consecuencia directa de la drástica caída en la recaudación de tasas propias y de los elevados gastos propios de un año electoral como el 2015, las principales intendencias del interior cordobés se han visto obligadas a apelar al lanzamiento de nuevas moratorias impostivas con el fin de obtener los recursos necesarios para llegar hasta fin de año sin serias dificultades financieras.

El jueves pasado tomó estado legislativo en el Concejo Deliberante de Río Cuarto un proyecto enviado por el intendente Juan Jure para poner en marcha un amplio plan de refinanciación de deudas impositivas. 

Como la emisión de títulos y obligaciones no negociables no ha sido suficiente para equilibrar la economía municipal, el municipio riocuartense se ha visto obligado a apelar a esta moratoria para mejorar la recaudación, alicaída por la crisis económica y la caída en la actividad comercial e industrial que se trasunta en un menor pago de la tasa respectiva.

De esta forma, la administración encabezada por Juan Jure se sumó a iniciativas similares que pusieron en marcha en los últimos dos meses otros intendentes de ciudades importantes del interior provincial. Así pueden nombrarse los casos de los jefes municipales de Villa Carlos Paz (Esteban Avilés), San Francisco (Martín Llaryora), Jesús María (Gabriel Frizza), Colonia Caroya (Luis Grión), Deán Funes (Raúl Figueroa), Villa Dolores (Juan Pereyra), Villa Nueva (Guillermo Cavagnero) y Las Varillas (Juan Pablo Rujinsky), entre otros.

Varios de estos intendentes enfrentaron exigentes campañas electorales este año y destinaron importantes recursos para la ejecución de obras o acciones de gobierno con un claro objetivo proselitista.

Aunque ninguno de los intendentes admite esta situación, siempre ocurre lo mismo en los años en que se desarrollan comicios locales, con administraciones de los más diversos signos políticos.

Por si estos factores negativos no fueran suficiente excusa, el reparto de la coparticipación provincial ha experimentado este 2015 un crecimiento interanual inferior a lo que se esperaba en función de la inflación y del aumento en los insumos y salarios del personal municipal que superan con creces el 30%.

Además, el gobierno delasotista acumula una millonaria deuda de más de 300 millones de pesos con todas las intendencias en concepto del no pago de los programas sociales de Niñez y Ancianidad, del Fondo Educativo, del reparto proporcional de las multas que aplica la Policía y de la coparticipación de la tasa vial por nombrar algunos conceptos.

En consecuencia, ante la drástica caída en los ingresos propios y provinciales y un mayor gasto público, a los intendentes no les quedó otra opción que diferir los pagos con los proveedores y prestadores de servicios.

En algunas ciudades, los atrasos ya acumulan hasta seis meses y eso ha generado fuertes reclamos y hasta la amenaza de inicio de acciones legales contra los municipios de parte de quienes pretenden cobrar los bienes entregados o servicios brindados oportunamente.

Por el momento, los salarios se vienen abonando en tiempo y forma salvo algunas excepciones como La Cumbre y Colonia Caroya. 

Pero ante el riesgo de que el dinero no alcance en los próximos mess para pagar los salarios de los empleados, la opción de las moratorias fue la elegida como el mal menor, pese a la injusticia que implica con aquellos contribuyentes que pagan siempre en tiempo y forma los diversos tributos.

Con el lanzamiento de estos atractivos planes de financiación de deudas con cancelación de intereses, los jefes municipales pretenden recuperar al menos un 40 o 50% de la deuda total acumulada por los vecinos que en algunos lugares llega hasta 130 millones de pesos (Río Cuarto) o 70 millones (Villa Carlos Paz).

En emergencia

En este contexto complicado para las finanzas municipales en general, debe recordarse que varias intendencias ya se encuentran en emergencia económica para poder afrontar con cierto desahogo las exigencias de acreedores y prestadores de servicios o ante el riesgo cierto de embargos por juicios laborales o deudas de diverso calibre.

Los casos más serios son los de las Deán Funes, La Cumbre, Cosquín y Colonia Caroya.