El Municipio piquense pidió que investiguen al "organizador" de las picadas

El Municipio piquense pidió que investiguen al "organizador" de las picadas
El fiscal Gilardenghi afirmó hoy que las picadas "de motos" no son un delito penal y trasladó la responsabilidad al Municipio y la Policía. Los motociclistas continúan con las picadas y las provocaciones públicas a los vecinos que reclaman una solución.

El pasado jueves el Municipio local presentó en Fiscalía un pedido de investigación a los dichos del joven de apellido Gatica, quien en una entrevista se presentó como “organizador” de las picadas de motos y desafió a los piquenses a que “se acostumbren” a dicha actividad en cualquier parte de la ciudad. Ayer el fiscal Alejandro Gilardenghi adelantó que, según su criterio, las picadas realizadas “en moto” no configuran un delito penal y devolvió la pelota al Municipio y la Policía (ver nota aparte). Mientras tanto, las molestias a vecinos y el riesgo de un accidente grave siguen latentes.

El juez de Faltas Municipal, Carlos Iglesias, trató hoy de esquivar responder preguntas sobre el tema de picadas durante la compactación de rodados, pero ante la insistencia de los cronistas –y la falta de oportunidades de dialogar abiertamente sobre el tema con funcionarios- accedió a bridar algunos detalles.

Iglesias remarcó que “se están haciendo cosas, se están haciendo reuniones y hablando con otra áreas, como la Policía o el Poder Judicial. El fin de semana se hicieron algunas maniobras, se cerró la zona de la plaza y se hicieron operativos en distintos lugares y, según tengo conocimiento, el viernes se demoraron a siete personas que estaban haciendo picadas en la zona céntrica”.

El funcionario municipal admitió que “no es un tema fácil” y reveló que “también tomamos conocimiento que, para hacer las picadas, hay gente que se va a la zona de Agustoni donde las hacen y no es competencia allí del Municipio, pero sí de la policía”.

Dio a conocer también que “con el tema de esta persona de apellido Gatica, el Municipio le hizo una denuncia en Fiscalía”.

En realidad, desde la Asesoría Letrada se hizo una presentación para que la Justicia determine si existe algún delito penal a partir de la entrevista que concedió el “organizador” de las picadas. Desde el Municipio se pide analizar no solo el tema de las picadas, sino también el contenido propio de las declaraciones.

Según interpretan los asesores del Municipio, el joven podría haber incurrido en “incitación a la violencia colectiva”, una figura penal poco utilizada, porque a partir de los dichos de Gatica cientos de jóvenes motociclistas lo siguen y conducen sus rodados en forma temeraria.

Según la opinión del juez de Faltas, las picadas “son cuestiones que van más allá de una falta municipal, pasan a ser una contravención que excede el ámbito Municipal, aunque nosotros tenemos control, según mi opinión ahí tiene que actuar la Policía demorando a la persona por 24 horas. Sucede también que tenemos el problema de no contar con un juez de Faltas Provincial y el mismo Código de Faltas tiene algunas falencias, por eso hay que analizar y trabajar sobre eso para que no tengamos lagunas que permita avanzar con los procedimientos”, adelantó.

Contradijo finalmente al fiscal Gilardenghi –ver nota aparte- al considerar que “hay contravenciones que están en el Código de Faltas Provincial y también hay delitos penales, en el caso de las picadas es un delito. El tema es que hay que tomar a la persona, hacerle la denuncia y enviarla, hoy por hoy, a la Fiscalía”.

Para la Fiscalía, las picadas “de motos” no son un delito

El fiscal Alejandro Gilardenghi salió hoy a adelantar que las picadas “de motos” no son consideradas un delito penal, porque la legislación vigente apunta a los rodados que tienen 3 ruedas o más. “Se busca la solución en el organismo que no es el adecuado”, disparó el fiscal y deslindó responsabilidades en el Ejecutivo Municipal y la Policía.

El representante del Ministerio Público Fiscal, que ya tiene la presentación del Municipio en sus manos para analizar, recordó que en el mes de abril envió una nota a la municipalidad y la policía, para que desde dichos organismos se informe a la Justicia si existen violaciones al artículo 193 bis del CPP.

“Acá hay una cuestión central que tiene que ver con el texto de la ley, tiene que ver con qué tipo de vehículos están utilizados para realizar ese tipo de conductas”, explicó Gilardenghi. Y detalló que “la ley dice vehículos automotores, tiene que ser una justa de tipo deportiva con un vehículo automotor que, para la Ley Nacional de Tránsito, es un vehículo de tres o más ruedas con un sistema de autopropulsión”.

Textualmente, el artículo 193 bis del Código Penal indica que “será reprimido con prisión de SEIS (6) meses a TRES (3) años e inhabilitación especial para conducir por el doble del tiempo de la condena, el conductor que creare una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas, mediante la participación en una prueba de velocidad o de destreza con un vehículo automotor, realizada sin la debida autorización de la autoridad competente”. Mientras que artículo 5to Inciso X de la Ley Nacional de Transito 24449, a la que adhirió La Pampa y sus municipios, la definición de vehículo automotor es “todo vehículo de más de dos ruedas que tiene motor y tracción”.

En tal sentido, Gilardenghi remarcó que las picadas de motos “pueden ser una contravención, pero no necesariamente constituyen un delito”. Y desafió “busquen algún fallo a ver si se ha condenado alguna vez a alguien por correr picadas en una moto”.

En cuanto a quién debe actuar en estos casos, el representante del MPF aseguró que “si hay una contravención es el Municipio el que tiene que retener el motovehículo y esa es la solución. El tema es que se busca la solución en el organismo que no es el adecuado, se busca en la Justicia Penal cuando no constituye un delito, la Justicia no puede actuar porque picar en moto no es un delito penal”, reiteró.

Gilardenghi recordó que “la Justicia Penal es la ultima respuesta del Estado”. Y consideró en este caso que “cuando el Estado no puede dar la respuesta adecuada en el organismo que debería darla, sale a buscar la respuesta en otro organismo, viene a la Justicia Penal, pero no debería hacerlo”.

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