Se complejiza el panorama para el Ejecutivo Municipal en relación a la posible negligencia por el no cobro del canon correspondiente por la comercialización de publicidad callejera. Esa gestión del gobierno de Omar Goye derivó en el inicio de un juicio de responsabilidad en el Tribunal de Contralor, que determinará la culpabilidad de funcionarios del Ejecutivo.

Desde la informal rescisión del contrato -en febrero de 2012- con la empresa Outdoors Media S.R.L., autorizada para explotar la publicidad en la vía pública, el Municipio dejó de percibir el canon correspondiente y las arcas públicas perdieron cerca de 150 mil pesos.

El vocal del Tribunal de Contralor, Carlos Freire, detalló en diálogo con KM FM, que se inició el sumario porque el Municipio “incumplió en defender los intereses de los habitantes”, al dejar de recaudar lo que le corresponde. En ese sentido, entendió que “no tiene relación con si el contrato entre el Municipio y Outdoors Media era bueno o no”, sino con un “incumplimiento” del Ejecutivo.

Freire consideró que la forma de rescisión del contrato entre las partes sólo a través de una carta documento remitida desde el Municipio a la empresa -y rechazada por ésta-, “no es suficiente para nosotros, para el Ejecutivo sí”. En ese sentido, evaluó que al no existir una desvinculación formal, a través de una Resolución, “los proveedores no se enteraron que la empresa no estaba autorizada para comercializar sus publicidades y pagaron a la firma por el servicio”. Detalló que la compañía “dice que la carta documento no los desvincula totalmente”.

Por otra parte, precisó que la recaudación por la explotación en el cerro Catedral, corresponde en parte al Municipio y en parte a la empresa concesionaria de los medios de elevación en el centro invernal, Catedral Alta Patagonia (CAPSA). “La comercialización de la parte pública corresponde al Municipio y la privada a CAPSA. La empresa dice que no utilizaron el sector público, pero se investigará”, anticipó Freire.

Lo cierto es que el Intendente, Omar Goye, tiene 15 días para presentar documentación que justifique su accionar y responda a los requerimientos del Tribunal de Contralor. Si se determina responsabilidad de los funcionarios del Ejecutivo, el expediente podría finalizar con la aplicación de una multa en el ámbito administrativo, o podría derivar en instancias judiciales en el fuero penal.