El municipio y la empresa Transportes 9 de Julio firmaron ayer la prórroga para el servicio de recolección de residuos e higiene urbana, dándole continuidad por año al contrato que preveía un plazo original de concesión de 8 años, el cual, había concluido a principios de este mes.

De esta manera, la Municipalidad se garantizará la prestación del servicio hasta que pueda ser resuelta una nueva licitación, cumpliendo con el proyecto de poner en marcha un nuevo sistema de recolección mecanizada mediante el uso de contenedores.

Dentro del contrato firmado ayer entre los directivos de la empresa y funcionarios del Ejecutivo se dispuso además constituir una comisión ad hoc para determinar la posible existencia de deudas de parte de la comuna con la compañía. Desde hace años, la empresa le reclama al municipio una millonaria suma de dinero por considerar que las sucesivas actualizaciones acordadas desde 2006 no alcanzaron a cubrir los costos del servicio.

Según sus cálculos, para la 9 de Julio ese monto llegaría a los 200 millones de pesos, cifra a la cual este semana el secretario de Economía y Hacienda, Daniel Pérez, calificó como "una expresión de deseos".

Es que el Ejecutivo no da por cierta la existencia de la deuda y considera que, en el caso de existir, habría que establecer su magnitud a ciencia cierta y "no unilateralmente".

Ayer Pérez le explicó a LA CAPITAL que "para evitar esta controversia", en el convenio firmado este martes fue establecido un mecanismo de "análisis y discusión" mediante la creación de una comisión que estará constituida por representantes de la compañía y del municipio. "Allí será donde se evaluará si existen o no diferencias entre las redeterminaciones provisorias concedidas y lo que la empresa reclama", explicó.

El funcionario dijo que en el caso de que efectivamente se llegue a la conclusión de que la comuna adeuda dinero, la cifra definitiva que sea acordada será puesta a consideración del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia y luego sometida a debate dentro del Concejo Deliberante.

Mediante la creación de esta comisión, el Ejecutivo tratará de encauzar la añeja controversia que mantiene con la concesionaria, iniciada a partir de que, por mayores costos, desde el año 2006 hubo que modificar periódicamente el monto del canon, estableciendo en esa fecha un valor mensual de $4,6 millones de pesos.

Desde aquel entonces fueron reconocidos los mayores costos de forma reiterada, siguiendo un procedimiento técnico previsto en el pliego, hasta que el canon mensual alcanzó la cifra actual de $18 millones.

Este será el monto de dinero que, inicialmente, recibirá la empresa como pagos por sus servicios cada mes en el transcurso del próximo año de prórroga.

La decisión de extender el contrato por un año también fue adoptada en base a las disposiciones del pliego, que preveían la posibilidad de prolongar la relación contractual por hasta 2 años una vez concluido su plazo original.

La medida había sido impulsada semanas atrás por el Ejecutivo y fue aprobada sin inconvenientes por el Concejo. Sin embargo, la semana pasada, cuando la firma del contrato aún estaba pendiente de resolución, la demora en el pago de los salarios del personal por parte de la empresa desató una sintomática huelga del Sindicato de Camioneros, que dejó sin recolección a todo el Partido durante casi 48 horas.

Finalmente, luego de que el municipio demostrara haberle abonado el canon a la empresa en tiempo y forma -trasladando así la responsabilidad por el conflicto a la compañía- la medida de fuerza fue dejada sin efecto. Finalmente, horas más tarde, la empresa hizo saber su decisión de aceptar la prórroga del contrato por un año, cosa que finalmente quedó formalizada ayer.