Al detectar que los propietarios de viviendas protegidas fueron notificados hace 8 años de que habían sido desafectadas del catálogo, el Departamento Ejecutivo envió los expedientes al Concejo pidiendo información acerca de la actuación de ese Cuerpo, ya que solo con la aprobación de los concejales puede alterarse ese catálogo.

Eso no ocurrió, por lo que se investiga ahora una situación supuestamente irregular de eventual afectación del patrimonio de la Ciudad,  para deslindar responsabilidades. Hasta tanto se determine eso, estos edificios mantienen su condición de bienes protegidos, se informó desde la comisión de Planeamiento.

La investigación de la gestión del intendente Bruera se inicia luego de que esta Comisión tomara vista, este jueves, de 31 expedientes enviados por el Ejecutivo comunal en las últimas semanas, al detectar inconsistencias con respecto al tratamiento de estas excepciones hace 8 años, en la última etapa de la administración del entonces jefe comunal, Julio Alak.

Esos edificios están protegidos por una ordenanza de 2006, pero un año después fueron eliminados de esa lista y sus propietarios fueron notificados desde el ejecutivo Municipal mediante cédulas. Esto, aún cuando el Concejo Deliberante tomara intervención, como establece el ordenamiento normativo.

La decisión de la Comisión se formalizó mediante una resolución que ratifica el alcance de la protección sobre esas propiedades y solicita al Departamento Ejecutivo el envío de documentación ampliatoria acerca de la tramitación de esas y otras excepciones al catálogo de protección patrimonial.