Para la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, el autódromo deberá permanecer inactivo hasta tanto el municipio no implemente un sistema de reducción de ruidos distinto al que se venía utilizando. También fijó 120 días corridos para despejar parte de los cuestionados terraplenes que invaden la cuenca del arroyo Ludueña (en la franja de los 80 metros). De inmediato, el Palacio de los Leones consideró allanado el camino para el inicio de un plan de reconversión del circuito que contempla las disposiciones de la resolución judicial.
Desde entonces, y a través de una medida cautelar, los habitantes del lugar lograron limitar la actividad en el circuito que administra la empresa del estado municipal Autódromo Ciudad de Rosario.
Ahora, los camaristas Oscar Puccinelli, Gerardo Muñoz y María de los Milagros Lotti aludieron a la existencia de desajustes en las ordenanzas que regulan el funcionamiento del circuito. Aunque no hicieron lugar a un pedido de cese total de las actividades en Jorge Newbery 8498.
La sentencia se basó en dos expedientes abiertos tras los reclamos de los vecinos: uno ligado exclusivamente a la reducción del nivel de ruidos y otro que apuntó a ese mismo objetivo, además de exigir el corrimiento de los taludes y un freno definitivo de la actividad en el autódromo. Luego llegaría la apelación del municipio.
Apenas conocida la sentencia, la administración del circuito le dio luz verde a un plan de reformulación destinado a retomar no sólo las competencias deportivas sino a incorporar usos. Algo que el propio intendente Miguel Lifschitz había adelantado el jueves pasado, durante la apertura de las sesiones ordinarias del Concejo.
Según el municipio, la imposición de remover parte de los terraplenes en un plazo de 120 días corridos y de encarar una nueva reducción sonora coincide con el compromiso asumido por las autoridades en las sucesivas audiencias de conciliación previas a la resolución.
El plan de la administración a cargo de Miguel Siryi, con una inversión de 11.000.000 de pesos, incluye “todas las medidas de mitigación de impacto sonoro y ambiental y de seguridad acordes a las ordenanzas vigentes y a las normas que regulan la actividad”.
También impulsa la consolidación de “un ámbito multipropósito” para desarrollar test drives, escuelas de conducción y un centro tecnológico de validación de equipos vinculados a la actividad
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