El gobierno de Arroyo recibió de Enero a Julio transferencias de fondos por un total de $ 698.250.817. Es el tercer municipio que más dinero absorbió. A pesar de ello los números no cierran.
El gobierno municipal atraviesa una grave crisis económica que por el momento no supo sortear. A pesar de haber transcurrido casi ocho meses de gestión, siguen los problemas. El intendente Arroyo no puede abonar los sueldos de los municipales en tiempo y forma, en varias ocasiones ocurre lo mismo con el contrato con la empresa de recolección y tampoco se brindan servicios claves a la población.
Sin embargo la comuna recibió una cifra considerable en materia de “transferencias” por parte de la provincia.
El gobierno de María Eugenia Vidal transfirió de Enero a Julio a General Pueyrredon $ 698.250.817 en concepto de “TRANSFERENCIAS DE FONDOS”.
A la hora de desmenuzar ese número, los datos que surgen del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, indican lo siguiente:
“Coparticipación Bruta”: $ 432.434.648
Ajuste Coparticipación 2015: $ 2.640.653
Descentralización: $ 17.433.373
Juegos de Azar: $ 17.312.067
Planes Sociales: $ 13.104.582
Tratamiento de Residuos: $ 5.479.530
Fdo. Fort. Rec. Municipios: $ 38.998.901
Fdo. Inclusión Social: $ 36.723.580
Fondo Solidario Provincial: $ 20.073.522
Fondo de Financiamiento Educativo: $ 59.848.825
Fdo. Munic. De Fort. de la Seg. Y otros: $ 22.451.517
Fdo. para Infraestructura Municipal: $ 31.749.620
En total lo enviado por el gobierno provincial a General Pueyrredon asciende a $ 698.250.817
De ese número la mayor cantidad de dinero que recibe la gestión de Carlos Arroyo proviene de la Coparticipación (62%) y lo siguen el Fondo de Financiamiento Educativo (9%) y Fondo Fort. Rec. Municipio (6%).
Nuestro Partido en el tercer municipio que más dinero recibió en los primeros seis meses del año. En primer lugar se encuentra La Matanza con $ 2.290.190.138 y lo sigue La Plata con $ 837.862.621.
A pesar de esta situación el gobierno de Carlos Arroyo vive en una urgencia permanente lo cual le impide pagar sueldos en tiempo y forma, tener problemas para cumplir con el contrato de recolección y disposición de residuos y no brindar servicios esenciales a la población.
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