Altamirano, afirmó que "la ordenanza se ajusta a la Constitución" y recomendó esperar "que se pronuncie la Justicia sin hacer comentarios que confundan a la comunidad". En un despacho de prensa de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, la letrada aseguró que "es una sólida presentación que rebate cada cuestionamiento, se resaltó la falta de legitimidad de los vecinos demandantes y la validez del recurso utilizado para anular una ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante y puesta en vigor por el Departamento Ejecutivo, en cumplimiento de normas institucionales".

El documento señala que "en primer lugar, se planteó la falta de legitimación activa de los vecinalistas por no tener derecho subjetivo o interés legítimo, es decir, no tener la aptitud para ser demandantes en un proceso concreto, requisito procesal esencial".

Insólitamente, el municipio alega que "en tal sentido, se considera que no acreditan ser usuarios de alguna de las líneas de transporte colectivo que circulan por la ciudad de San Salvador de Jujuy, ya que no presentaron un boleto de ómnibus que permita acreditar la condición que invocan. Por tal razón se pidió el rechazo de la acción respecto de los mismos".

Caber recordar que durante varios meses, al menos una de las empresas de transporte urbano no entregó boletos oficiales a los pasajeros, con lo que el argumento oficial quedaría totalmente desvirtuado.

"Hasta podríamos presentar un boleto de la calesita del parque San Martín y la justicia debería aceptarlo como válido, porque el descontrol del municipio sobre las empresas de transporte es total", señaló a El Libertario un vecinalista de la zona sur.

Otro de los argumentos esgrimidos por la procuradora fue que "lo más importante de este caso, es que la vía del amparo es improcedente. El amparo es un remedio excepcional y no resulta viable cuando existen otras vías legales, judiciales o administrativas".

La funcionaria sostuvo que "si lo que se pretende es que se deje sin efecto la Ordenanza referida y se declare la nulidad absoluta, esto requiere mayor prueba o debate, por lo que se debió plantear la Inconstitucionalidad de la Ordenanza ante el Superior Tribunal de Justicia".

"También dijimos -remarcó la abogada- que si la parte actora pretende que se declare la nulidad de toda la Ordenanza, en razón que el Artículo 3º autoriza al Departamento Ejecutivo a reconsiderar, a través de un decreto ad referéndum, las tarifas establecidas en la Ordenanza para la implementación del SUBE (Sistema Único de Boleto Electrónico), esta pretensión es desmesurada, ya que no está implementado el SUBE, con lo que no se ha tornado aplicable el Artículo 3º".

Asimismo, Altamirano afirmó que "también son erróneos los demás argumentos esgrimidos por los actores, ya que la Ley Nacional 25561 que invocan, nada tiene que ver, ya que esta norma autorizó a renegociar contratos que tuvieren por objeto la prestación de servicios públicos y un aumento tarifario no significa renegociación, por lo que invocar la Ley 25561 es un disparate".

Respecto a la falta de audiencia pública que aducen los demandantes, puso de relieve que "la misma no es obligatoria en el ámbito municipal, ya que no existe una normativa imperativa y vinculante que obligue al legisferante ni al Ejecutivo a convocarla".

"Con algunas declaraciones que han efectuado las representantes de las asociaciones, sólo pretenden confundir a la ciudadanía", sostuvo Altamirano, al tiempo que insistió en que "lo que debemos hacer es esperar el fallo sin hacer más comentarios. Eso es lo que corresponde cuando uno se somete a la Justicia".