Luego del encuentro con los senegaleses, Pablo García contó acerca de la reunión: “La verdad es que estaban muy dolidos por el trato que recibieron, y por ser un área dependiente de la Secretaría de Gobierno, y si es que se han dirigido a ellos de esta forma, es que les pedí mis disculpas, y por sobre todas las cosas, las disculpas del señor Intendente, teniendo en cuenta que los supuestos dichos los ha manifestado una persona a cargo de un área municipal y es la cara visible de una de las áreas del municipio y para nada representan estos dichos el pensamiento del Intendente”. Si bien no se han comunicado con Vilchez, es sabido que el jefe comunal está más que enojado por la forma de actuar de esta señora, ya que hay formas más correctas de negar una habilitación. Por otra parte desde el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), comentaron que no es la primera vez que reciben una consulta por algún tipo de maltrato o discriminación de la funcionaria.

Unos sí, otros no

En la reunión con Pablo García, los senegaleses encabezados por Alioun Ndiaye, manifestaron al funcionario su bronca por el hecho de que por la playa muchos revendedores realizan su actividad comercial sin ningún tipo de problemas, es más, es sabido que casi todos ellos cuentan con la habilitación municipal para hacerlo. Sobre esta situación, el Subsecretario de Gobierno, manifestó que “en principio, les estuve comentando cuál es la dificultad para que puedan realizar su actividad comercial en la ciudad, lo cual ellos manifiestan que hay vendedores ambulantes con permiso que comercializan productos de reventa también, así que estamos haciendo las averiguaciones correspondientes para ver cuál es el motivo por el cual hay personas que puedan vender artículos que sonde reventa y a este grupo de personas de origen senegalés se les ha prohibido comercializar estos productos, justificándolos en este punto”.

Sastre pidió revisar

A raíz de la nota publicada ayer por El Diario de Madryn, el Intendente de la ciudad se interiorizó acerca de la situación, no sólo de los senegaleses, sino también de todos los vendedores ambulantes que circulan por las playas de la ciudad. Según comentó Pablo García, “Ricardo Sastre nos ha pedido que volvamos a revisar la situación y ver si hay motivos por el cual, cualquier persona, no solamente los senegaleses, no pueden trabajar en la ciudad porque la legislación lo impide, pero si hay permiso para unos, habrá permiso para todos, porque la igualdad de posibilidades laborales la tienen que tener la totalidad de las personas”.

Pedido de listado

Luego de la reunión entre Pablo García y Alioun Ndiaye, el Subsecretario de Gobierno se comunicó con el área de Inspecciones Generales para solicitar un completo panorama acerca de los vendedores ambulantes en la ciudad. “Se ha finalizado un procedimiento administrativo para solicitar el listado de las personas que cuentan con la habilitación para la venta ambulante en el sector costero y el rubro que comercializa cada uno de ellos”, dijo el funcionario, quien agregó que “estamos haciéndole la consulta formal al área de Inspecciones, que es quien otorga los diferentes permisos para vendedores ambulantes, así que estamos a la espera de que nos llegue esta información y si hay alguna irregularidad veremos por qué se ha originado la misma”.

Senegaleses al INADI

Previo a la reunión con Pablo García, tres personas de origen senegalés se hicieron presentes en la delegación Chubut del INADI para radicar la denuncia contra Adriana Vilchez. Allí fueron atendidos por Mónica Saso y la asesora legal quienes orientaron a los africanos sobre cuáles son los pasos a seguir. Si bien desde la institución no dieron información al respecto, trascendió que la consulta se dividió en dos partes: por un lado, el trato recibido por los senegaleses de parte de la funcionaria; y por el otro, la desigualdad que existe a la hora de trabajar. En lo que respecta al trato discriminatorio, la falta de testigos “neutrales” o la no existencia de algún tipo de grabación, complica el avance de la denuncia por falta de pruebas. En lo que respecta al trabajo en sí, las víctimas deberán demostrar que el resto de los revendedores de la playa, sí tienen el permiso correspondiente, por lo que se estaría incurriendo en una desigualdad de oportunidades.