Según había anticipado el representante legal del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), Claudio Díaz, ayer se realizó una presentación ante la delegación del Ministerio de Trabajo en nuestra ciudad para intentar destrabar la negativa del Ejecutivo local a continuar las negociaciones salariales para acordar un piso mínimo que supere el nivel de pobreza.

El anuncio había sido efectuado durante la conferencia de prensa brindada el viernes último a las 19.30 en la carpa que instalaran para expresar su disconformidad con el aumento de 26 por ciento establecido en forma unilateral por el Municipio durante el transcurso de la negociación en paritarias.

En el escrito, se insta a la cartera laboral a activar mecanismos que permitan retomar el diálogo debido al deterioro registrado en las relaciones con el Municipio, cuyas causas "son de conocimiento público". Por esa razón se solicita a la brevedad la concreción de una "audiencia de partes" para "terminar con la difícil situación de conflicto que mantenemos con la Municipalidad de Olavarría".

Al respecto, el titular del STM, José Stuppia, se mostró ayer confiado en que el pedido obtendrá en un tiempo prudencial "una respuesta favorable" que podría concretarse entre "el viernes 11 y el lunes 14", según adelantó.

El pedido de mediación incluye una somera enumeración "de las razones más delicadas" que impiden mantener un trato "normal" entre empleador y empleados. En principio, se esgrime una razón económica que funciona como detonante de la protesta. Se refiere a la existencia de "un piso salarial actual que involucra a centenares de agentes muy por debajo de la línea de pobreza" y se alude a que "muchos de ellos cobran sólo alrededor de 1.000 pesos en caso de perder el premio por presentismo", debido a que ese monto representa en muchos casos el 50 por ciento del sueldo.

En segundo término, se denuncia el incumplimiento de acuerdos logrados durante las negociaciones del año pasado. En concreto, se trata de "la cláusula décima del acuerdo paritario firmado el 20 de mayo del año pasado, al no constituir el empleador la Junta de Calificaciones y Ascensos, prevista como órgano autónomo" en la ley 11.757. Este hecho impide la movilidad de un alto porcentaje de municipales que permanecen aún en la categoría Inicial, a pesar de que algunos superan una década en sus puestos, según informaran los representantes sindicales cuando se inició el conflicto.

Otra razón de peso para la interrupción de las relaciones entre Municipio y trabajadores estaría dada por "el estado de acefalía actual de la Junta de Disciplina, a la cual renunciaron gran parte de sus miembros, en disconformidad con el funcionamiento que el señor Intendente Municipal (presidente 'ministerio legis' de la misma) y sus funcionarios le imprimen al organismo".

El listado de sucesos que determinaron el cese del trato entre dirigentes sindicales y funcionarios incluye también "graves situaciones de acoso laboral, acoso y/o abuso sexual, abuso del 'Ius Variandi' y persecuciones personales, contra determinados agentes", así como "el manejo unilateral e irrespetuoso que la Administración municipal llevó a cabo en el último y frustrado proceso paritario".

Por último, se citan recientes "acciones de provocación que funcionarios municipales llevan permanentemente a cabo contra trabajadores militantes del Sindicato, como las que se produjeron en oportunidad de la inauguración de la Casa de la Cultura Hogar San José". Se deja constancia también de "un sin número de situaciones más sobre las que abundaremos en tiempo oportuno, en esta primera etapa nos remitimos a las reseñadas".

Sobre la base de esos motivos, se declara que en la actualidad "se registra un deterioro acelerado de la calidad institucional que las relaciones Sindicato - Municipio deben mantener". De continuar esta situación, los trabajadores municipales infieren que esta cadena de sucesos constituye un "hecho peligroso que en el futuro inmediato puede comprometer gravemente el interés público general". Y reiteran su "solicitud de fijación de audiencia de partes, con el objeto de arribar a una solución justa y equitativa para ambos actores sociales", finaliza el escrito.

Antecedentes

En los últimos días, el propio Stuppia había denunciado haber sido objeto de amenazas de muerte realizadas en forma anónima vía telefónica. Y esta escalada tuvo su punto más elevado este sábado por la noche, cuando el sindicalista reveló que fue blanco del ataque de desconocidos que intentaron incendiar el portón de su casa e incluso habrían baleado las paredes del domicilio.

Los hechos, según relató el secretario general de los municipales, habrían sucedido cerca de las 22.30 cuando en la casa de calle Saavedra al 2000 estaba sola la hija del gremialista, de 17 años. "En un momento me llamó para decirme que estaban prendiendo fuego el portón de la casa" entonces "llamé a la policía, vieron cómo estaba todo, vieron la botella con nafta tirada en el piso". José Stuppia tomó algunas fotografías y salió para la comisaría segunda con la intención de hacer la denuncia. "Iba en camino y recibo otra llamada de mi hija: habían tiroteado el portón".

Incluso si estas agresiones se comprobaran a partir de la denuncia que el sindicalista radicó ayer en la fiscalía, el hecho revestiría suma gravedad. Esa denuncia, además, se suma a la efectuada el 1 de junio, cuando denunció "dos amenazas de muerte". Ambos llamados telefónicos fueron realizados "a la línea fija del Sindicato". La primera de las comunicaciones anónimas "fue recibida por una de las empleadas administrativas del Sindicato, con ánimo de agredir y después el mismo José Stuppia recibió otra llamada en la que lo insultaban y lo amenazaban con pegarle un tiro en la cabeza", relató el abogado del gremio, Claudio Díaz.