“El problema no sólo impacta sobre el ejercicio de derechos económicos y sociales, es una lesión a la identidad misma de los pueblos indígenas que mantienen un particular vínculo con la tierra que da sentido y organiza su manera de ser y estar en el mundo”, agregando que “la deficiente mediación del Estado ha aumentado las tensiones”.

El COAJ apuntó que “los derechos de los pueblos indígenas han registrado un importante avance, no sólo porque la Constitución Nacional los ha reconocido, sino también porque el derecho internacional que suscribe la Argentina profundiza cada vez más ese reconocimiento. Sin embargo, esto no se traduce en medidas efectivas que garanticen su ejercicio. En Jujuy, hace quince años se ha puesto en marcha un dispositivo estatal para atender la demanda histórica de recuperación de las tierras que ancestralmente ocuparon las comunidades. La lucha por la tierra, se inscribe dentro de una rica historia, jalonada por hitos como la Batalla de Quera y el Malón de la Paz”.

“Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que realiza el Estado con la puesta en marcha del Programa de Adjudicación y Regularización de Tierras a Pueblos Aborígenes de Jujuy (PRATPAJ), la sanción de la Ley 26160 de Emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras y la implementación del Programa de Relevamiento Territorial en Comunidades Indígenas (RETECI), no se ha concluido el proceso y muchas comunidades se encuentran en conflicto. Los reclamos indígenas han provocado confrontaciones por la propiedad de la tierra que deben ser resueltas por el estado, como mediador y garante de derechos”.

“El territorio es el espacio de realización material, simbólica y espiritual de los pueblos indígenas, por eso mantienen con él un vínculo especial que se visibiliza en el culto a la Pachamama. Es una relación vital, trascendental, a diferencia de las culturas occidentales que mantienen un vínculo utilitario y de producción con la tierra”.

Los problemas territoriales han sido señalados por el Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) en el informe que presentara el año pasado ante el Comité de Expertos que efectúa el seguimiento del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.